El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hizo público este jueves un informe titulado "Esquema de corrupción que operó durante dos años en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización", donde detalla un mecanismo fraudulento que permitió a funcionarios beneficiar a empresas vinculadas con ellos por más de 13 millones de lempiras.
Según el informe, entre 2022 y 2024, la Secretaría de Gobernación transfirió L 13,710,250.73 a al menos ocho empresas en procesos de compras menores.
En todos los casos, se identificó que los oferentes ganadores mantenían vínculos con funcionarios clave: el subgerente de Recursos Materiales y la gerente Administrativa.
El CNA expone que las compras menores eran gestionadas por la Gerencia Administrativa y la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, quienes controlaban desde la recepción de solicitudes hasta la emisión de órdenes de compra y pagos.
"Se utilizaron diez empresas, todas ellas propiedad de dos funcionarios clave de la secretaría de Gobernación. Estas empresas actuando de manera coordinada y con una alternancia sospechosa eran invitadas sospechosamente a presentar ofertas el resultado: una falta de competencia, una pantomima de legalidad donde la adjudicación siempre recaía en uno de los miembros del esquema", explicó la directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Así operaban
En su declaración, Castellanos también explicó cómo era que funcionaba este esquema para lograr adjudicar a sus empresas las compras.
"La simulación del cumplimiento normativo fue clave para mantenerlos en funcionamiento. Dos de los tres oferentes que iniciaban el proceso presentaban sus cotizaciones solo para ser descartados bajo la excusa de documentación incompleta. Una maniobra que allana el camino a la empresa familiar restante, la ganadora predeterminadamente", agregó.
El CNA denunció ante el Ministerio Público a los responsables por presuntos delitos de violación de deberes de los funcionarios y fraude contra la administración pública.
Además, se presentó una denuncia contra un oficial de compras de la secretaría por su supuesta participación en el esquema.
El caso ha sido documentado en el informe titulado "La sangre llama… y contrata", donde se detalla cómo el parentesco con funcionarios era clave para garantizar el beneficio de fondos públicos, disfrazado bajo un aparente cumplimiento normativo.
