El exdefensor de derechos humanos y ahora político Wilfredo Méndez criticó fuertemente el estado de excepción implementado en Honduras desde diciembre de 2022, calificándolo como un "fracaso total".

Méndez sostuvo que las autoridades no han logrado establecer el orden en territorios controlados por maras y pandillas, "mucho menos para que tengan el control territorial total", afirmó Méndez.

Además, señaló que el sistema de seguridad está destinado al fracaso porque está "en manos de gente incompetente y gente que está influenciada por el crimen".

Secretario de Seguridad defiende la nueva ampliación del estado de excepción

Méndez concluyó que, dada la situación actual, será muy difícil implementar una reforma estructural en el sistema de seguridad bajo la administración actual, especialmente considerando el aumento de muertes múltiples en el país durante este año.

"Debería de hacerse una reforma profunda que a mi juicio a estas alturas, con esta administración donde las muertes múltiples han sido muchísimas en este año, va a ser muy difícil que hagan una reforma estructural", concluyó.

Durante muchos años, Méndez, abogado de profesión, fungió como director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh). Sin embargo, en el año 2021 se retiró para participar como precandidato presidencial en las elecciones internas.

En noviembre de 2021, días previos a las elecciones, se sumó a las filas de Yani Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal; mientras que en abril de 2024 se adhirió a la candidatura de Jorge Cálix.

Organizaciones cuestionan el estado de excepción en Honduras

El estado de excepción, que suspendió derechos constitucionales como la libertad personal y de asociación, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones y está vigente en 17 de los 18 departamentos del país.

Uno de los propósitos argumentados por el gobierno al momento de decretarlo fue el combate a la extorsión. Sin embargo, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ese delito alcanzó su nivel más alto en cinco años durante este periodo, afectando a más de 280,000 hogares hondureños.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Por su parte, la Policía Nacional rechazó los señalamientos de la ASJ, calificándolos de "erróneos y carentes de sustento".

"El Estado de Excepción Parcial ha estado vigente durante 847 días, y en ese período se han realizado 1,694,000 intervenciones policiales. Las 700 quejas reportadas representan apenas el 0.041 % del total de operativos", indicó la institución en un comunicado reciente.

Asimismo, destacó que la tasa de homicidios ha disminuido en más de 8.3 puntos por cada 100,000 habitantes en comparación con el año anterior y que 167 municipios no han registrado homicidios en 2025.