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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló este martes que, entre 2022 y el cierre de 2024, 304,388 hogares hondureños fueron víctimas directas de extorsión, lo que pone en evidencia que el estado de excepción, destinado a erradicar este delito, no solo es ilegal, sino que tampoco ha tenido éxito.
La ASJ presentó en Tegucigalpa el informe titulado "La ilegalidad del estado de excepción", que analiza la efectividad y el impacto de esta medida tras dos años de vigencia en el país.
En 2022, un total de 226,262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286,533, y en 2024 alcanzó los 304,388 hogares afectados.
El estado de excepción "no ha dado los resultados esperados, la violación de derechos humanos es una realidad y la medida se ha aplicado de manera ilegal", afirmó Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la ASJ, durante la presentación del informe.
Castañeda destacó que los más de 304 mil afectados por la extorsión se ven obligados a buscar formas de pagar a los grupos criminales para evitar represalias.
Entre los afectados se encuentran transportistas, pequeñas y medianas empresas, que sufren de manera "aturdida" este fenómeno, el cual también fomenta conflictos sociales como el desplazamiento interno y la migración.
El experto lamentó que, ante la falta de empleo, muchos hondureños decidan emprender, pero, días después de abrir un negocio, reciban la amenaza de extorsión.
"Vivimos situaciones críticas, y esperamos mucho del sistema de justicia para desarticular a las bandas criminales", expresó.
Ilegalidad del estado de excepción
La ASJ señaló que, de los 18 decretos ejecutivos promovidos por el Consejo de Ministros, solo uno cumplió con los requisitos constitucionales de tiempo y forma en su aplicación. La mayoría de los decretos carecieron de ratificación por parte del Congreso Nacional, o se ratificaron fuera del plazo de 30 días. Otros no se publicaron en el diario oficial La Gaceta.
La ilegalidad y la poca efectividad del estado de excepción no respaldan la necesidad de extenderlo, como sugieren las autoridades de Seguridad, indicó la organización.
El estado de excepción se aplica en 123 de los 298 municipios de Honduras. La última ampliación tiene vigencia del 5 de enero al 19 de febrero de 2025.
El informe de la ASJ, basado en los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025 del 6 de enero de 2025, señala que se han realizado 43,010 allanamientos de morada, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas decomisadas.
A pesar de estos esfuerzos, "la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños", dijo la ASJ.
Por otro lado, mientras el delito se expande, las sentencias condenatorias por extorsión han disminuido drásticamente. Según datos oficiales, en 2022 se emitieron 105 condenas; en 2023, solo 66, y en 2024, apenas ocho, lo que evidencia una preocupante falta de respuesta judicial ante este flagelo.
Extorsión por departamentos
Durante el último año, ocho departamentos del país registraron un aumento en sus tasas de victimización por extorsión. La mayor variación ocurrió en Intibucá, Choluteca y Atlántida, según reveló la ASJ.
El estado de excepción también ha generado un retroceso en materia de derechos humanos, incrementando el riesgo de abusos por parte de las autoridades.
La suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ha permitido que las fuerzas de seguridad ingresen a viviendas sin orden judicial y realicen detenciones arbitrarias, agregó la ASJ.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han recibido 798 quejas por vulneraciones en el marco del estado de excepción.
Recomendaciones
A raíz de estos resultados, la ASJ insta al gobierno a replantear el plan antiextorsión mediante ajustes en su ejecución para generar resultados tangibles y disminuir el impacto negativo sobre la población.
De igual forma, sugiere implementar una lucha integral y contundente contra la extorsión mediante una estrategia que involucre a la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil, garantizando al mismo tiempo el respeto de las garantías constitucionales.
Finalmente, la ASJ recomendó revisar la vigencia del estado de excepción, pues su extensión, especialmente durante un año electoral, podría poner en riesgo la democracia y limitar libertades fundamentales como la de expresión y reunión, favoreciendo a ciertos sectores en detrimento de una participación política plural.