El estado de excepción se presentó como una respuesta urgente para devolver la seguridad a Honduras.

Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad que contradice ese objetivo: más de 950 mujeres asesinadas desde su implementación y una impunidad que persiste, dejando a cientos de familias sin verdad ni justicia.

Las cifras, recopiladas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reflejan que la violencia contra las mujeres no solo no disminuyó, sino que se mantuvo.

Esto a consideraciòn del organismo, es una de las expresiones más graves de la crisis de seguridad y de derechos humanos en el país.

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Estado de excepción y la violencia contra la mujer

De acuerdo con el Conadeh, el período más crítico se registró en 2023, cuando a 411 mujeres las asesinaron de forma violenta.

A esa cifra se suman 240 casos en 2024, 262 en 2025 y alrededor de una veintena en lo que va de 2026.

Cada año confirma el mismo patrón: las mujeres continúan siendo víctimas en un contexto donde las medidas excepcionales no lograron garantizar su protección.

Estado de excepción
Las cifras que registra el CONADEH desde el 2023 al 2026.

Los territorios donde la violencia golpea más

Las muertes violentas de mujeres se concentran en zonas con alta densidad poblacional y dinámicas de violencia persistente.

El Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, junto a Catacamas y Juticalpa en Olancho, y La Ceiba en Atlántida, encabezan los registros de mujeres asesinadas.

Estos territorios evidencian que la violencia de género se reproduce en escenarios donde la prevención es débil y la respuesta institucional llega tarde o no llega.

Una deuda con los derechos humanos

Para Nicole Ham, oficial de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, las muertes violentas de mujeres siguen siendo una grave violación a los derechos humanos en Honduras.

"Los asesinatos exponen fallas estructurales en la prevención, investigación y sanción de la violencia de género", señaló a medios.

La funcionaria insiste en que el país necesita políticas públicas con enfoque de género, acceso real a la justicia y una actuación diligente del Estado para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.

Impunidad que alimenta la violencia

El dato más contundente acompaña a cada cifra: el 95 % de los casos permanece en la impunidad.

Para el Conadeh, esta falta de sanción perpetúa el ciclo de violencia y profundiza la desconfianza de las familias hacia el sistema de justicia.

Ante este escenario, la institución plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación criminal.

Además, crear una Comisión de Alto Nivel contra los Femicidios, que garantice justicia integral y reparadora para las víctimas indirectas.

El balance del estado de excepción deja una verdad incómoda: fueron 954 mujeres las que asesinaron y una impunidad que persiste.

La seguridad no puede medirse solo en operativos o decretos, sino en vidas protegidas. Mientras la violencia contra las mujeres siga sin respuestas estructurales, Honduras continuará contando muertes en lugar de garantizar derechos.

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