Cuando el gobierno hondureño decretó el estado de excepción en diciembre de 2022, lo presentó como un escudo para proteger a la población de las pandillas, el crimen organizado y la violencia.
Sin embargo, más de dos años después, las cifras, los testimonios y los informes oficiales pintan un panorama desolador: la medida no solo fracasó en su objetivo principal, sino que generó un clima de miedo e impunidad en gran parte del país.
Abusos bajo la sombra de la ley
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) es contundente: la suspensión de garantías no es la vía para combatir la criminalidad.
Lo ha dicho en comunicados, en entrevistas y en cifras. Más de 700 quejas contra agentes de seguridad del Estado se documentan desde la entrada en vigor del estado de excepción.
Los casos van desde privaciones arbitrarias de la libertad y detenciones ilegales hasta torturas y montaje de pruebas falsas.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, advierte que ni siquiera el Congreso Nacional hizo su trabajo.
"Las prórrogas del estado de excepción pasaron sin análisis ni control legislativo, dejando un cheque en blanco para la arbitrariedad", señala.
Mujeres y niñas: las más vulnerables
Las cifras son alarmantes, pero los relatos son desgarradores. Mujeres y niñas han sido golpeadas, humilladas y violentadas por agentes del Estado bajo el amparo del estado de excepción, señala el Conadeh.
En su primer año, más de 100 denuncias fueron interpuestas por violaciones a sus derechos, la mayoría por violencia física brutal: bofetadas, jalones de cabello, patadas.
De los 18 departamentos de Honduras, 17 registran violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas.
Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Atlántida encabezan la lista. El patrón es claro: donde hay presencia de las fuerzas de seguridad, hay denuncias.
El crimen sigue… y los abusos también
Mientras tanto, el Ministerio Público encausó a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y de la Policía Nacional por diversos delitos cometidos durante operativos.
Sin embargo, las estructuras criminales que supuestamente iban a ser desarticuladas siguen activas.
Un operador de justicia fue tajante: "La Policía Nacional lo está usando para matar, robar. Hay muchos casos, principalmente en San Pedro Sula, donde el objetivo de la Policía es estar asaltando, atacando enemigos”.
Denunciar da miedo
La impunidad no solo protege a los criminales. También protege a los abusadores vestidos de uniforme.
Una familia en Ocotepeque relató que durante un operativo nocturno les robaron el dinero que obtuvieron por la venta de su ganado.
Cuando amenazaron con denunciar, los agentes respondieron con otra amenaza:“Si denuncian, los meteremos presos”.
Este tipo de testimonios se repite en múltiples zonas del país. El estado de excepción siembra una cultura de terror silencioso, en la que la ciudadanía no sabe si temer más al crimen organizado o a quienes se supone que deben protegerla.
¿Y ahora qué?
El Conadeh recomienda una nueva política de seguridad ciudadana, con enfoque de derechos humanos y de género.
Pero hasta ahora, sus llamados son ignorados. Se sigue prorrogando un régimen que, lejos de devolver la paz, profundiza la inseguridad y crea nuevas formas de violencia.
El estado de excepción en Honduras se convierte en una herramienta de represión que legitima abusos y debilita el Estado de derecho.
Mientras el crimen organizado sigue operando, son los ciudadanos, especialmente las mujeres y niñas, quienes pagan el precio.
El experimento falló. Y cada día que se mantiene, es un día más de impunidad y miedo para quienes solo quieren vivir en paz.
