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En 14 ocasiones, el Gobierno de Honduras extendió el estado de excepción, una medida que, según expertos, se convirtió en un modelo de seguridad con resultados limitados y preocupantes implicaciones para los derechos ciudadanos.
“Lamentablemente, las instancias de seguridad y defensa mantienen esta medida como un modelo de seguridad, lo cual es peligroso e incorrecto. El Estado debería garantizar y proteger los derechos y garantías ciudadanas, no suspenderlos ni limitarlos”, advierte Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Desde el 5 de diciembre de 2022 que se implementó esta medida, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) recibió más de 600 quejas por abusos y violaciones cometidas por uniformados durante operativos y allanamientos.
Según las víctimas, algunos de estos abusos han sido justificados, mientras que otros han involucrado la implantación de pruebas falsas.
“La mala percepción de esta figura se debe a que impulsa el abuso de poder, la violación de derechos humanos y la autoridad excesiva”, agrega Castañeda.
Contraste de datos
A pesar de las afirmaciones de la Secretaría de Seguridad sobre los resultados obtenidos bajo el estado de excepción, los datos no coinciden con los registros del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Un claro ejemplo es la lucha contra la extorsión: en 2019, el Ministerio Público presentó 444 requerimientos fiscales contra extorsionadores; sin embargo, en 2023, bajo el estado de excepción, apenas se alcanzaron 112 requerimientos.
“Esto indica que la actividad del Ministerio Público se redujo en casi un 75 %, mientras que el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad aumentó. Los resultados, sin embargo, están en declive”, enfatiza Castañeda.
Violaciones y abusos
Los expertos también señalan que, amparados en el decreto, se cometen graves delitos como violaciones, agresiones sexuales y torturas durante los operativos.
“Es preocupante cómo se está manejando esta situación; es necesario buscar estrategias basadas en un buen rendimiento con medidas contundentes”, afirma Raúl Pineda Alvarado, quien considera que el estado de excepción es malinterpretado y peor ejecutado.
Pineda sostiene que la idea original del estado de excepción era facilitar los procesos de allanamiento y reducir las formalidades que podrían facilitar la actividad criminal en Honduras.
Sin embargo, lo que se logra es otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, transformando el Estado constitucional y democrático en una especie de Estado policial.
Modestos resultados
“Los resultados son modestos. Hemos pasado de una sociedad militarizada a una sociedad donde la policía adquirió un poder incontrolado, que sigue extendiendo estos estados de excepción”, añade Pineda.
Mientras la Policía Nacional goza de un poder casi absoluto, se cometen ciertos excesos, según señalan los expertos.
“La Policía está muy contenta, muy conforme, y sujeta a cero control más que el de ellos mismos”, concluye Pineda.
Además, advierten que la Policía se convirtió en un objetivo del crimen organizado y en una fuente de empleo burocrático muy atractiva para los desempleados de Honduras.
“Los mecanismos de control y selección no están funcionando, y todo esto dentro de un esquema de militarización de la Policía. La pobreza, la falta de controles y el atractivo de disfrutar del poder que otorgan una placa, un uniforme y una pistola hacen que muchos quieran ser policías, pero con una calidad muy modesta”, finaliza Pineda.