Tras la noticia del Gobierno de Estados Unidos el lunes (07.02.2022), a través del secretario de Estado, Antony Blinken, sobre la revocación de la visa a Juan Orlando Hernández, en redes se recordó la casa que tiene el expresidente hondureño en Miami, Estados Unidos.

Según el sitio noticiasya, la casa está ubicada en una urbanización de acceso controlado en el 3533 NW 83 Way en Cooper City, Florida, y aparece registrada en el condado Broward a nombre de Ana Rosalinda García Carías, esposa de Hernández.

De acuerdo con los registros públicos de la propiedad del condado Broward, la casa en la comunidad de Monterra fue adquirida por García Carías el 17 de junio del 2013 por 804,600 dólares (más de 19 millones de lempiras).

Declaraciones de Ana García tras la compra

En su momento, la exprimera dama se defendió por los cuestionamientos en su contra por el alto valor de la casa.

"Ante la campaña de desinformación generada por los enemigos de la lucha contra la corrupción liderada por el Gobierno de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional hago saber que mi familia tiene una propiedad en Estados Unidos, inscrita en registro de acceso público, a mi nombre. Que esta propiedad se adquirió con un crédito a 30 años plazo, con un banco en Estados Unidos”, dijo García.

Además, aclaró que la propiedad había sido declarada en el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, pudiendo comprarla por su año de trabajo.

“Como corresponde, esta propiedad ha sido declarada en el Tribunal Superior de Cuentas” de Honduras, alegó, justificando que “como profesional (abogada) con un expediente laboral amplio, forjado con el trabajo honesto y responsable, acompaño de la lucha por la transparencia como valor transversal del Gobierno y de toda la sociedad hondureña”, podía adquirir la propiedad.

Revocación de visa a Juan Orlando Hernández

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado se precisó que la anulación del visado de Hernández, presidente de Honduras en dos períodos constitucionales (2014-2018 y 2018-2022), responde a "su misión de luchar contra la corrupción, así como de promover la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas en Centroamérica".

De acuerdo con la nota firmada por el Departamento de Estado, "la inclusión de Hernández ha sido hecha en virtud de que ha cometido y facilitado actos de corrupción y narcotráfico".

Del mismo modo, le acusan de haber utilizado bienes ilícitos para la financiación de sus campañas electorales.

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