Juan Orlando Hernández Alvarado, el abogado de 53 años que gobernó dos periodos (2014-2022), nació un 28 de octubre de 1968 en el municipio de Gracias, Lempira, en la zona occidental de Honduras.

A la edad de 42 años, Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional, en 2010, luego de participar como candidato a diputado por el Partido Nacional en las elecciones de 2009.

De acuerdo a acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, de quien recibió sobornos para financiar su campaña electoral.

Tres años más tarde, se lanzó como candidato presidencial por el Partido Nacional, logrando la victoria en las elecciones generales del 2013 y tomando el cargo a partir del 27 de enero de 2014.

Sobornos del Cártel de Sinaloa

Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente, aceptó 1 millón de dólares (unos 24.4 millones de lempiras) en ganancias de "El Chapo" Guzmán.

La investigación asegurá que Hernández envió a su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández y un socio, "armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán".

"Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo", fue una de las frases que dejó marcada el expresidente Hernández, en su primeras declaraciones como presidente.

Para 2014, Hernández se asoció con el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien a su vez sobornó al expresidente para obtener "protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico", dice la acusación de la Fiscalía.

Hernández informó a Fuentes Ramírez que quería que se asociara con "Tony", quien estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras, y que iba a "meter la droga en las narices de los gringos", establece la demanda.

En 2018, "Tony" fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.

Una reelección marcada

En 2017, Hernández Alvarado presentó su candidatura para reelegirse como presidente de Honduras, pese a que la Constitución de la República lo prohibía; una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitió al exmandatario ser postularse al un segundo mandato y ser presidente por segundo periodo consecutivo

"Hernández usó estos sobornos alimentados con cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013 y 2017", indica un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En relación con las elecciones de 2017, Hernández dirigió a los miembros de esta conspiración para "sobornar a políticos y funcionarios electorales con drogas para asegurar que Hernández ganara la presidencia", agrega la acusación.

Mientras el caso de "Tony estaba pendiente, Juan Orlando Hernández continuó coordinando de cerca con narcotraficantes, incluido Fuentes Ramírez, quien siguió pagando sobornos al expresidente para obtener protección.

Además, durante el juicio de "Tony" se introdujeron como evidencia registros de drogas pertenecientes a otro exnarcotraficante hondureño y cómplice, mencionado en la acusación formal como "CC-2", quien se presume era Magdaleno Meza.

Aproximadamente una semana después de la condena de "Tony", presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a un reo identificado en la demanda como "CC-2" en una cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara.

Aunque no se revela quién es preso asesinado, establece que se trata de una persona al que se le incautó una libreta en la que tenía apuntado la palabra "JOH", como se le conoce Hernández, con una serie de cuentas de cobros de venta de droga.

Captura de JOH

El 14 de febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Honduras solicitó la captura con fines de extradición del exmandatario por tres cargos ligados al narcotráfico, y un día después fue capturado en Tegucigalpa y trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.

"No es un momento fácil, a nadie se lo deseo. Estoy presto y listo para colaborar", dijo Hernández el 15 de febrero en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

El 16 de febrero fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que se conocieran los cargos que se le imputan y un mes después, el 16 de marzo, se desarrolló la audiencia de presentación y proposición de pruebas; ese mismo día se aprobó la extradición.

Posteriormente, el 19 de marzo, la defensa legal de Hernández interpuso la apelación ante el pleno de la CSJ y el 28 de marzo este mismo pleno dictó no ha lugar la solicitud y ratificó la extradición del exmandatario.

Acto seguido, el 29 de marzo, el equipo legal acudió a la Sala de lo Constitucional para interponer un recurso de amparo alegando supuestas ilegalidades y violación de derechos constitucionales durante el proceso de extradición.

Esa solicitud fue declarada inadmisible por parte de la Sala de lo Constitucional Ad-hoc el 6 de abril, dejando firme la extradición de Juan Orlando Hernández.

El 13 de abril, el Gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril.

Acusación contra Juan Orlando Hernández

Al incluir a Juan Orlando Hernández en la "Lista Engel", el Departamento de Estado dejó en claro la consideración de Estados Unidos para el expresidente hondureño, quien entregó el poder el 27 de enero, después de ocho años en el cargo.

Hernández estaba reportado desde el 1 de julio de 2021 en la "Lista Engel", que incluyó a cerca de 60 funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, a los que se suprimió el derecho a visa de Estados Unidos.

Acto seguido, Estados Unidos le solicitó a Honduras el arresto preventivo con fines de extradición de Juan Orlando Hernández, acusándolo de tres cargos relacionados al tráfico de drogas y el uso de armas.

La acusación señala que desde alrededor de 2004, hasta el 2022, Hernández participó en una "conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de al menos 500 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos".

Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden y el Ejército para apoyar a las organizaciones narcotraficantes en Honduras y México.

"JOH se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo"

Hernández supuestamente "se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", dijo este jueves el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, en una conferencia de prensa.

Hernández, según el fisca, usó sus "vastos poderes políticos" para proteger y ayudar a los narcotraficantes alertándolos sobre posibles operaciones policiales y "sancionando la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas".

Según la acusación, Hernández protegió a algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo, incluido su hermano "Tony"; hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos.

Además, ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Cargos contra Hernández

  1. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.
  2. Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.
  3. Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

Vea además: Hernández sobornó con droga a funcionarios electorales para ganar elecciones en 2013 y 2017