La nueva medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos de respaldar a las unidades anticorrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) es una muestra de apoyo para los fiscales anticorrupción, según consideran analistas.

En el caso de Honduras, es un "espaldarazo" para el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, pues se convierte en un mensaje directo para funcionarios y miembros del ente político que bloquean su lucha.

"Esta medida es un respaldo, para los fiscales que están trabajando casos de corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pues es una medida de apoyo", según consideró la periodista en Estados Unidos, Carmen Rodríguez.

"Pero también se convierte en un mensaje para los funcionarios que han bloqueado proceso de investigación por actos de corrupción dentro de la región", agregó Rodríguez.

Para la Asosiación por una Sociedad más Justa (ASJ), esta determinación reforzará los trabajos que se viene realizando desde la Uferco, pues es una clara señal de apoyo por parte de Estados Unidos a los operadores de justicia en Honduras.

"Es un espaldarazo para los operadores de justicia honrados que realizan esta labor en Honduras. Y hacerles un llamado a los sectores del gobierno que puedan realizar acciones que atenten contra los operadores de justicia, que Estados Unidos reaccionará para marcar un precedente", expuso Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.

Una señal que no hay que meterse con los fiscales anticorrupción

Por su parte, Raúl Pineda consideró que con la medida impuesta por Estados Unidos no hay que meterse con los fiscales anticorrupción, sino se quieren pagar más consecuencias.

"Hasta ahora los corruptos han tenido que cambiar Miami por Madrid o por París, pero en Honduras, a raíz del atropello que se cometió en Guatemala con un fiscal anticorrupción, el mensaje es claro, no hay que meterse con ellos", apuntó Pineda.

El Departamento de Estados de Estados Unidos manifestó que la nueva política se focaliza en funcionarios actuales o exfuncionarios del Triángulo Norte y otras personas que se consideren responsables o cómplices de atentar contra la democracia o el Estado de derecho.

Esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos democráticos como subvertir la integridad y la independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción.

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