El “Salón de Belleza Yaki”, en el barrio El Chile de Tegucigalpa, parecía ser un negocio común. Bajo la fachada de secadores, espejos y esmaltes de uñas, el Ministerio Público asegura que operó un mecanismo perverso: captar mujeres con engaños y trasladarlas a cárceles donde eran sometidas a explotación sexual.
A Karla Yakelin Fúnez Midence, propietaria del establecimiento, la detuvo la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) y enfrenta cargos por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual forzada.
Prostitución en las cárceles
Las denuncias llegaron a la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) y describen un mismo patrón.
Fúnez Midence ofrecía amistad y confianza a mujeres jóvenes, las invitaba a su casa y les proponía visitas a privados de libertad. Una vez dentro de los penales, todo cambió.
De acuerdo con la Fiscalía, la imputada suministró bebidas con sustancias alucinógenas a las víctimas, quienes perdían el conocimiento.
En ese estado eran abusadas sexualmente por varios internos, en actos organizados con total premeditación.
Ministerio Público: así operaba la dueña del Salón de Belleza Yaki
El Ministerio Público sostiene que Fúnez Midence no actuó de forma improvisada. Ella misma coordinó las visitas, gestionó permisos y organizó el transporte hacia las cárceles.
A cambio recibía sumas de dinero de los privados de libertad y de quienes financiaron las visitas.
Los testimonios de las víctimas coinciden en que no se trató de simples encuentros, sino de una red de trata de personas que operó con frialdad y lucro.
Lea también: Huyeron de la trata en Honduras y cayeron en el miedo en México
Justicia para las víctimas
La detención judicial que se dictó a la estilista es apenas el inicio de un proceso que busca esclarecer hasta dónde llegaron sus acciones y cuántas mujeres se sometieron a este mecanismo de explotación.
La Unidad Contra la Trata de Personas asegura que continuará las investigaciones, con la meta de garantizar que las víctimas obtengan justicia.
Además esperan que este caso sirva de advertencia sobre cómo las redes de explotación pueden esconderse incluso detrás de negocios cotidianos.
