El Congreso Nacional recibió la noche de este jueves la denuncia para que cinco altos funcionarios de organismos electorales sean sometidos a juicio político.

La determinación surge luego de que se presentaran denuncias formales contra estas autoridades, por hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2025.

¿Quiénes son los funcionarios señalados?

El listado de denunciados incluye a figuras clave del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instituciones responsables de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales en Honduras.

Los cinco funcionarios que entrarán al pleno para la aplicación de juicio político son:

  • Marlon Ochoa – Miembro propietario del CNE
  • Karen Rodríguez – Consejera suplente del CNE
  • Mario Morazán – Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
  • Lourdes Maribel Mejía Estapé – Magistrada suplente del TJE
  • Gabriel Gutiérrez Peralta – Magistrada suplente del TJE

Las denuncias en su contra fueron elevadas por diferentes sectores políticos y ciudadanos, alegando actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué implica un juicio político?

El juicio político es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso Nacional evalúa la conducta administrativa de altos funcionarios, pudiendo emitir sanciones que van desde una amonestación pública hasta la destitución del cargo.

Con este proceso, los diputados deberán revisar las pruebas presentadas, discutir el alcance de las denuncias y decidir si cada funcionario continúa o no en su puesto.

Fiscal general Johel Zelaya es destituido tras proceso de juicio político

En marzo pasado, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, fue destituido formalmente de su cargo tras enfrentar un proceso de juicio político que concluyó con 93 votos a favor de su salida inmediata del Ministerio Público.

Previo a su destitución, Zelaya compareció ante una comisión investigadora el martes 24 de marzo, luego de que la noche anterior el Congreso Nacional admitiera la denuncia en su contra y ordenara su suspensión temporal del cargo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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La denuncia presentada contra el entonces fiscal general señalaba supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones, además de presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional.

Asimismo, se le atribuían señalamientos relacionados con negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio de sus responsabilidades al frente del Ministerio Público, argumentos que fueron parte central del proceso legislativo que derivó en su separación del cargo.dame un titular