El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó recientemente su nueva estrategia nacional anticorrupción, la cual incluye reformas legales y la integración de funciones de la Secretaría de Transparencia a la Procuraduría General de la República.
Según el procurador Dagoberto Aspra, estas medidas incluyen la promulgación de una ley antisobornos y la nueva ley de contrataciones del Estado, consideradas como un andamiaje legal previo que permitirá fortalecer las instituciones antes de la instalación de la Sisi.
La visión de los analistas
Para expertos en transparencia y exfuncionarios del Congreso, estas iniciativas son importantes, pero no suficientes para desmontar redes de corrupción.
La exdiputada Fatima Mena, del Partido Salvador de Honduras, señaló que los modelos más exitosos combinan prevención con un mecanismo de disuasión y control real, como la CICIH.
“Es la única forma que está probado que se pueden desmontar las mafias, las estructuras criminales. Lo preventivo muchas veces está cargado de buenas intenciones, pero si no logramos desmontar las redes de corrupción, seguiremos viendo los mismos resultados”, afirmó Mena.
Asfura y la reforma institucional
El presidente Asfura destacó que la nueva ley de transparencia y anticorrupción, diseñada por la Procuraduría General, busca cumplir los compromisos asumidos previamente a la llegada de la CICIH y fortalecer la institucionalidad del país frente a prácticas corruptas históricas.
La propuesta contempla un conjunto de reformas legales, que abarcan desde la ley antisobornos hasta una nueva normativa de contrataciones del Estado, y busca que la Procuraduría asuma funciones de la Secretaría de Transparencia, que según Aspra, no cumplió con sus objetivos.
“Queremos asumirlo como Procuraduría General de la República, ser el ente rector que dé directrices suficientes para prevenir la corrupción en los diferentes ámbitos”, señaló Aspra.
Coordinación institucional y futuro de la CICIH
La elaboración de la política anticorrupción será coordinada con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Sin embargo, el futuro de la CICIH dependerá de la consolidación previa de este marco legal, que aún se encuentra en proceso.
El analista Kenneth Madrid advirtió que no basta con la creación de leyes aisladas.
“Las estrategias deben incluir reformas profundas al Código Penal y al Tribunal Superior de Cuentas. No pueden ser documentos que queden en un escritorio; deben transformar el funcionamiento del Estado y crear transparencia”, señaló Madrid.
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Perspectiva de activistas y sociedad civil
Hasta el momento, el gobierno ha presentado una hoja de ruta más preventiva e institucional, pero los activistas consideran que falta una estrategia de investigación y sanción fuerte, que permita sancionar a funcionarios corruptos y desmantelar redes criminales, no solo prevenir.
El desafío central sigue siendo equilibrar prevención, control y sanción, para que la estrategia anticorrupción no sea solo un anuncio, sino un mecanismo efectivo que genere resultados concretos en Honduras.
