1 de cada 10 estudiantes hondureños es obligado a hacer cosas que no quieren, lo que puede implicar tráfico de drogas y extorsión, según el último informe del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
Sobre esa incidencia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) contabiliza a la fecha 132 denuncias de reclutamiento forzado de estudiantes acechados por las maras y pandillas en centro educativos.
Además, detalló que los estudiantes son utilizados como informantes, para transportar la droga, extorsión e incluso el sicariato.
Entre los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado figuran Francisco Morazán (48 %), Atlántida (22 %), Cortés (17 %), Choluteca (11 %) y Olancho (2 %).
Según expertos, los antisociales aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes, en su mayoría de escasos recursos económicos y víctimas de la desintegración familiar, para meterlos en su círculo.
En lo que va del presente año, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ha capturado a más de 60 menores vinculados a maras y pandillas.
