Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y reconocida patóloga forense, rompió el silencio institucional con una nota del 20 de febrero de 2025.
El documento, dirigido a la Secretaría de la Mujer (Semujer), no es solo un llamado de auxilio: es una denuncia grave de cómo el aparato estatal, según la denuncia, margina, excluye y amenaza a una mujer en un cargo de alto nivel, simplemente por hacer su trabajo.
“He sido objeto de discriminación, marginación, intimidación hacia mi persona y mi familia, obstrucción al trabajo y hasta amenazas a muerte”, señala Villanueva en su carta.
El tono es firme, pero también profundamente humano. La funcionaria detalla cómo la situación se volvió “intolerable”, obligándola a extremar sus medidas de seguridad.
El precio de investigar
El punto de quiebre parece estar en las investigaciones que lideró. Villanueva no solo impulsó la investigación del asesinato de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) localizada en la aldea Támara, sino que también ahondó en las redes de trata de personas en Islas de la Bahía.
Allí, se enfrentó según sus propias palabras al “silencio cómplice de algunas autoridades de la zona insular”, mientras seguía casos emblemáticos como la desaparición de la joven Angie Peña.
“Estos actos me generan la animadversión no solo de la cúpula policial sino también del titular de esta Secretaría de Estado”, afirma la viceministra.
Exclusión
Julissa Villanueva detalla cómo la institucionalidad operó para borrarla del mapa: fue eliminada del organigrama, se despidió a todo su personal de confianza, no se renovaron contratos, y su despacho no recibió presupuesto operativo.
Todo esto, denuncia, ocurrió sin justificación legal y sin el más mínimo proceso de diálogo.
También denuncia una clara desigualdad salarial entre subsecretarios y la negativa reiterada a sostener reuniones de trabajo conjuntas.
“No hubo contestación de las peticiones formuladas para reuniones de trabajo conjunto realizadas en legal y debida forma”, lamenta en su escrito.
Se frena el trabajo, pero no sus resultados
Aunque fue apartada de la supervisión directa de los procesos investigativos, Villanueva destaca que el trabajo técnico y riguroso de análisis de datos y construcción de casos permitió avances importantes, como sentencias condenatorias contra redes de trata.
No obstante, advierte que “el relevo” de sus responsabilidades tiene consecuencias en el ritmo de las investigaciones.
“El irrespeto al marginarme de las comunicaciones oficiales dentro de la institución” y la falta de presupuesto no son, según su denuncia, errores administrativos, sino expresiones claras de una política de exclusión que afecta su labor y atenta contra los derechos de una mujer en función pública.
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Nuevas diligencias fiscales
Pese a las trabas, las investigaciones que promovió no cesan. El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, a través de su sección de grupos sociales vulnerables, citó a Villanueva para rendir declaración testifical en el caso del asesinato del ambientalista Juan López.
Y el 6 de mayo, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia le solicitó entregar información documental de otras denuncias que interpuso.
Consultada por tunota.com, Villanueva confirmó que ya respondió mediante oficio, pero que, debido al riesgo que corre su integridad, decidió no presentarse personalmente ante el Ministerio Público por el momento.
Un llamado al Estado
Por eso, su nota a Semujer no es solo un descargo. Es un llamado para que se activen los mecanismos institucionales que salvaguarden su integridad y su derecho a ejercer el cargo sin trabas ni represalias.
“Se vulnera no solo mi integridad física sino mi participación en la función pública”, concluye Julissa Villanueva, exigiendo respeto, protección y garantías.
Las denuncias no son nuevas
La viceministra es constante en su reclamo. Desde 2024 denunció irregularidades, obstrucciones y amenazas.
Pero esta vez el documento es más contundente, más personal, más urgente. No solo porque deja en evidencia una estructura de poder que acalla a quien investiga, sino porque desnuda las formas más invisibles y peligrosas de violencia institucional contra las mujeres.
