El Tribunal de Sentencia y Criminalidad Organizada dictó sentencias hasta por cuatro años de reclusión, más el pago de multa y la inhabilitación absoluta a tres exfuncionarios del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
El proceso penal se inició contra siete personas, tres de éstas recibieron sentencia condenatoria, una se encuentra prófuga y tres recibieron sentencia absolutoria por prescripción de la acción penal.
Para Asley Waldemar Portillo el Tribunal le decretó una pena de cuatro años de prisión y una multa de L233,669.40 y se le impuso la inhabilitación absoluta por el delito de malversación de caudales públicos.
Waldemar Portillo se desempeñó como oficial administrativo del FHIS, en un primer periodo del 1 de enero al 1 de octubre de 2009 y luego, como asistente administrativo II convirtiéndose en poco tiempo en jefe de presupuesto en el mismo año.
Otros condenados
A Brenda Salgado Baca, también declarada culpable del delito de violación de los deberes de los funcionarios, cumplirá una pena de tres años de prisión e inhabilitación especial.
Baca actualmente se desempeña como encargada de presupuesto del FHIS, prestando servicios para esta institución desde el año 2009 cuando inició como asistente administrativo.
Aunque la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), solicitó la suspensión inmediata en el ejercicio de sus funciones, la medida dijeron lo sjeces se aplicará hasta que haya una sentencia firme.
Otro condenado es Wilfredo Alberto López, quien debe cumplir una pena de prisión de tres años e inhabilitación especial por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
López fungió como subdirector de Administración y Finanzas del FHIS en el año 2009.
Los tres con sentencia absolutoria son: Ingrid Larios, Miguel Ponce Larios y Berta Larios.
Prófugo
En la actualidad se encuentra prófugo José Alfredo Canizales Girón quien se desempeñó como Director de Administración y Finanzas del FHIS.
Según las investigaciones los acusados, desconocieron procedimientos administrativos y permitieron varios desembolsos por concepto de pagos de publicidad, viáticos, reparación de vehículos y ventas de comida a particulares sin respaldo legal.
Las pericias contables y de auditoría de la Fetccop precisaron que la afectación de los exfuncionarios del FHIS al patrimonio económico del Estado es de L 233,649.40.
El dinero se pagó sin recibir ninguno de los productos y servicios, El dinero, según testigos, se depositaba en cuentas personales y el efectivo se usó para fines distintos al beneficio institucional.
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