Una grave controversia jurídica y legal salpica a los miembros de la anterior junta directiva del Congreso Nacional y a su expresidente Luis Redondo.

Las revelaciones expuestas en el programa 30/30 sacaron a la luz una serie de denuncias por severas irregularidades cometidas de forma sistemática durante su gestión al frente del Poder Legislativo.

Diversos sectores de la sociedad civil y analistas del derecho constitucional advierten que las decisiones adoptadas por la cúpula parlamentaria ignoraron abiertamente las advertencias previas.

Esta conducta abre la puerta a investigaciones penales por haber actuado en desobediencia directa a los mandatos expresados por la mayoría absoluta de los diputados del pleno.

La situación legal de los exdirectivos se complica aún más ante el avance de requerimientos promovidos por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de funciones y violación a los deberes de los funcionarios.

Este escenario marca un precedente sobre las consecuencias penales de sobrepasar los límites de la función pública en el país.

Desobediencia al pleno e instalación de la Comisión Permanente

Uno de los puntos centrales que fundamentan la acusación radica en la determinación unilateral de la directiva de ignorar la voluntad expresada por más de 70 diputados.

Los congresistas habían votado a favor de extender la legislatura ordinaria para continuar con la agenda legislativa pendiente.

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A pesar de que múltiples juristas e instituciones recordaron oportunamente que no existía asidero jurídico para frenar la prórroga, la junta directiva impuso la instalación de una Comisión Permanente.

Con esta medida desconocieron el principio de representatividad y la autoridad soberana de la mayoría parlamentaria.

Bloqueo en La Gaceta y atropello al procedimiento legal

Las denuncias salpican de manera directa a la gerencia de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, tras ser señalada de negarse arbitrariamente a dar trámite e imprimir los decretos aprobados por el pleno.

La imprenta estatal bloqueó la publicación formal de los acuerdos alcanzados por la mayoría de los diputados.

Según los expedientes divulgados, la imprenta estatal condicionó la publicación de las leyes exclusivamente a los documentos emitidos con la firma del titular del Parlamento, Luis Redondo.

Esta acción incurrió en una evidente vulneración a los canales institucionales establecidos por la Constitución de la República.

Invasión de atribuciones del Consejo Nacional Electoral

El análisis jurídico detalla además que la directiva saliente traspasó las fronteras del Poder Legislativo al atribuirse competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral.

Mediante la emisión de decretos orientados a normar la revisión y conteo de votos, invadieron la autonomía de este órgano constitucional.

Esta severa extralimitación de facultades motivó acciones formales por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.

El caso recuerda a los exmandatarios que el ejercicio del poder público está estrictamente delimitado por el principio de legalidad y que actuar al margen de la ley conlleva responsabilidad penal.

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