La detención de tres hombres acusados de planear un supuesto atentado contra el expresidente Manuel 'Mel' Zelaya ha desatado una fuerte polémica sobre la legalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la posibilidad de que el gobierno esté interviniendo llamadas privadas sin autorización judicial.

El fiscal general Johel Zelaya anunció esta semana que las investigaciones revelaron un "plan criminal" con el objetivo de asesinar al exmandatario y sabotear las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según el funcionario, se cuenta con "evidencias científicas y técnicas irrefutables", entre ellas audios que, según la fiscalía, demuestran la conspiración.

Expertos alertan de posible intervención de llamadas

Sin embargo, la procedencia de estos audios ha levantado alarmas. Para el comisionado general retirado Leandro Osorio, el caso plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso y al derecho a la privacidad de los hondureños.

"Nos están interviniendo las comunicaciones y eso es un delito", alertó. "Para extraer esta conversación debió haber una orden judicial o una denuncia previa", agregó.

El analista jurídico Kenneth Madrid también expresó preocupación: "Se está limitando la emisión del pensamiento. Hoy cualquiera podría ser judicializado por una conversación privada, y eso genera miedo, especialmente en un año electoral".

Por su parte, el exjuez Féxil Ávila cuestionó la contundencia de la prueba presentada por el Ministerio Público. "Cualquiera puede decir 'voy a matar a alguien' en tono de broma. Para hablar de conspiración se necesitan actos concretos que sustenten la acusación", explicó.

Los hondureños acusados por supuesto ataque contra Mel Zelaya

Los hondureños acusados por la Fiscalía de planear un ataque contra Mel Zelaya son Arcadio Corrales, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan. La audiencia inicial se ha programado para este lunes 18 de agosto. Todos enfrentarán cargos por actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Familiares de los imputados niegan que exista relación entre ellos y sostienen que nunca se han conocido.

Mientras tanto, sectores de la sociedad civil y expertos en derecho advierten que este caso podría ser un precedente peligroso sobre el uso político de las instituciones judiciales y de seguridad.

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