En Honduras, la batalla por el control territorial entre el Estado y el crimen organizado es constante y compleja.
Tres expertos en seguridad: el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado, la criminóloga Seyda González y la analista Mirna Flores advierten que, tanto en zonas urbanas como rurales, el crimen sigue teniendo una influencia asfixiante.
Los expertos plantean que el actual enfoque de seguridad deja al país vulnerable y exponen los factores que deben reconsiderarse para afrontar la amenaza.
Organizaciones criminales dominan territorios
Luis Alonso Maldonado, analista en seguridad, identifica dos frentes de amenaza: el crimen organizado transnacional y las pandillas.
Según Maldonado, ambos grupos operan en espacios donde la Policía no logra recuperar el control.
“Son sitios donde las actividades son reguladas y condicionadas por estos grupos”, lamenta, señalando una pérdida de dominio estatal que permite la expansión del crimen organizado.
Esta visión es compartida por González y Flores, quienes coinciden en que la Policía y las Fuerzas Armadas se quedan cortas en sus esfuerzos.
Las medidas actuales, como los estados de excepción, parecen ser paliativos insuficientes ante un avance criminal que persiste.
¿Funcionan las estrategias actuales?
Para los expertos, las estrategias empleadas, incluidos los estados de excepción implementados desde finales de 2022, han sido incapaces de golpear efectivamente las estructuras delictivas.
Maldonado critica que estas estrategias terminan priorizando la competencia entre instituciones de seguridad por figurar en la opinión pública, dejando en segundo plano la verdadera recuperación de territorios.
Además, el general en retiro enfatiza que estas operaciones deberían ser sostenidas y enfocadas en áreas específicas.
Flores, por su parte, indica que la militarización se implementó sin una estrategia clara, lo que resulta en saturaciones momentáneas sin un seguimiento sostenido.
“Llegan, saturan, pero no permanecen, y cuando se retiran, las organizaciones continúan operando en los barrios, volviendo a sus actividades tan pronto como las autoridades se marchan”, explica la experta en seguridad.
Organizaciones captan a la policía y militares
El impacto del crimen organizado también ha llegado al interior de las fuerzas de seguridad.
Según Maldonado, los elementos policiales y militares son vulnerados por el crimen organizado mediante amenazas, sobornos y hasta vínculos familiares.
Esta situación se agrava debido a las condiciones socioeconómicas de muchos agentes, quienes habitan en zonas controladas por los grupos delictivos.
“Esto limita el accionar de la Policía, ya que las amenazas y las ofertas de compensación económica desinhiben a los agentes de actuar”, señala.
Zonas dominadas: un mapa del crimen en Honduras
Seyda González advierte que el crimen fortaleció su control en áreas como El Paraíso, Copán, Colón y La Mosquitia, donde las agencias de seguridad se ven incapaces de combatir directamente a las estructuras criminales.
“La corrupción dentro de las instituciones y la falta de efectivos y logística limitan la capacidad de respuesta”, destaca González.
Agrega que Honduras cuenta con cerca de 17,000 policías, de los cuales solo entre 15,000 y 16,000 están en labores operativas, lo cual resulta insuficiente para un país con altos índices de criminalidad.
A pesar de los recursos adquiridos para combatir el crimen en zonas conflictivas, la seguridad sigue mostrando debilidad ante la magnitud del problema.
“Las fuerzas de seguridad quedan muy debilitadas frente al crimen organizado”, concluye González, dejando claro que el avance de los grupos criminales es inevitable.
Territorios sin control
Para Mirna Flores, la problemática radica en el limitado alcance del estado de excepción, que no logra frenar a las maras, pandillas y grupos de narcotráfico.
“El control territorial de ciertas organizaciones sigue vivo en los barrios, donde muchos residentes viven estigmatizados por la violencia”, expresa Flores.
La experta también recalca la urgencia de estrategias que no solo enfoquen la presencia policial, sino el impacto real sobre las organizaciones criminales.
El desafío de un cambio estructural
A pesar de los esfuerzos realizados, la realidad que describe cada experto es la misma: Honduras enfrenta una lucha desigual en la que las fuerzas del orden no han podido retomar los territorios dominados por el crimen.
Luis Alonso Maldonado, Seyda González y Mirna Flores concuerdan en que, mientras no se aborden las causas estructurales del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción institucional, los criminales seguirán gobernando grandes partes del país.
“El crimen organizado está fortalecido y la extorsión sigue golpeando a los ciudadanos”, lamenta González.
La sociedad hondureña necesita respuestas más contundentes y coordinadas de parte de sus instituciones de seguridad.
Sin embargo, mientras el Estado no logre establecer un sistema de control efectivo y de presencia continua, los habitantes de las zonas más afectadas seguirán viviendo bajo la sombra del crimen.
