En la víspera del cierre del año 2025, Honduras se encuentra en un punto crítico de su proceso democrático: la espera de la declaratoria oficial de resultados para los niveles electivos de diputados y alcaldes.

A pesar de la incertidumbre y las tensiones políticas que han marcado el ambiente postelectoral, los analistas Josué Murillo, Julio Larios y el exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral Augusto Aguilar coinciden en que no existe fundamento legal ni político para dudar de la declaratoria de resultados electorales.

El foro Frente a Frente de Canal 5 analizó cómo, tras cumplirse los 30 días calendario estipulados por la ley electoral desde los comicios del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene el mandato ineludible de oficializar la voluntad ciudadana.

Los invitados destacaron que, si bien persisten impugnaciones y conflictos en el Congreso Nacional, la institucionalidad debe prevalecer para garantizar una transición pacífica y el respeto absoluto al voto depositado en las urnas.

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Perspectivas de los especialistas sobre la culminación del proceso electoral

El exmagistrado Augusto Aguilar enfatizó la obligación legal de cumplir con los términos establecidos, independientemente de que existan reclamos pendientes de resolución.

Para Aguilar, la normativa hondureña es clara en cuanto a los tiempos y procedimientos para cerrar el ciclo electoral.

"La declaratoria se puede hacer aunque queden asuntos pendientes, para eso está el espacio de las impugnaciones, el espacio para apelar ante el Tribunal de Justicia Electoral. Aquellos que resulten inconformes con los resultados o con la declaratoria que se haga, bueno, y ese es el marco jurídico y el que hay que respetar", expresó Aguilar.

No obstante, aseguró que el único problema es que se logre integrar el pleno, ya que "todas las decisiones tienen que tomarse por el pleno integrado por tres magistrados dos propietarios o un suplente, pero deben ser tres".

"Si no se reúne el pleno, entonces la sesión, las decisiones que se tomen o la declaratoria carece de legalidad. Ese es el único problema, pero por el tiempo no veo yo mayor dificultad”, añadió.

Por su parte, el analista Julio Larios brindó una perspectiva sobre las tensiones en el Congreso Nacional y el papel de las fuerzas políticas de oposición para salvaguardar la institucionalidad.

Larios destacó que, aunque ha habido intentos de "boicotear y tratar de descarrilar este proceso desde sus orígenes", existe una estructura de contrapeso que busca asegurar que la declaratoria se emita según lo previsto.

"Yo baso mi pronóstico en las acciones que yo he visto que se han tomado para garantizar que se mantenga el proceso dentro de los parámetros que exige la ley, ahí está toda mi fe puesta en el pleno autoconvocado que mencionó que iba a estar listo para tomar y subsanar cualquier impedimento que dentro de la ley existiera, para que se diera o para que no se diera la declaratoria", expresó Larios.

"Van a hacer un buen trabajo, he estado monitoreando y veo que se están poniendo las cosas en su lugar, o sea, que yo sí diría que va a haber una declaratoria aún a pesar de las acciones que en contra pudiera hacer el partido de gobierno, porque hay una desesperación, hay una preocupación", analizó en alusión a Libertad y Refundación (Libre).

Se necesitan reformas, ¿cuáles?

Finalmente, Josué Murillo centró su análisis en la necesidad de que la ciudadanía mantenga la presión sobre la clase política para lograr reformas profundas que eviten estas crisis en el futuro.

Murillo lamentó que el país haya presenciado un "campo de batalla" en lugar de una contienda ética, pero rescató el civismo demostrado por los hondureños el día de las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Ninguna intriga, ningún conflicto postelectoral puede opacar este sentimiento de fraternidad del pueblo hondureño en el marco de la Navidad y de recibir un Año Nuevo que nos va a presentar con nuevos retos", indicó Murillo.

Entre esos retos, mencionó el que tiene la ciudadanía "de seguir poniendo el dedo sobre la llaga, presionar a nuestros políticos y al nuevo Congreso Nacional a que discuta esas reformas electorales tan fundamentales para nuestra vida nacional, para recuperar la institucionalidad electoral que ha quedado en cenizas. Hay que resucitarla como si fuese un ave fénix".

Los expertos concluyeron que, pese a los discursos disonantes y las amenazas de inestabilidad, la declaratoria es un paso inevitable para la salud de la República y el respeto a la soberanía popular.

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