De enero a mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió 58 resoluciones en todo el país por el delito de extorsión: 24 aperturas de juicio, 21 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, un sobreseimiento definitivo, ocho provisionales y cuatro que no se especifica.
En estos casos, iniciados en 2022, estuvieron involucrados 46 hombres y nueve mujeres, y se presentaron 21 testigos protegidos.
Aunque la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial de la CSJ algunas de estas resoluciones correspondieron a casos iniciados en años anteriores, el volumen sigue siendo significativo.
Cortés y Francisco Morazán se destacaron como los departamentos con mayor número de casos de extorsión.
El 2022 y 2023
En 2022, el registro de la CSJ muestra que emitió 346 resoluciones por extorsión. Los casos involucraron a 285 hombres y 43 mujeres, con 201 testigos protegidos participando en los procesos.
Entre las resoluciones, 166 resultaron en apertura de juicio, 135 en sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, 13 en sobreseimientos definitivos, dos casos por suspensión de la acción penal, uno por conciliación, 10 en sobreseimientos provisionales y 19 por otros motivos.
Para el año 2023, se emitieron 195 resoluciones con 112 aperturas de juicio, 65 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, seis sobreseimientos definitivos, cuatro provisionales, uno por suspensión de la persecución penal y siete por otras causas.
En 2023, los casos involucraron a 194 hombres y 41 mujeres, y presentaron 126 testigos protegidos.

Los capturados
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) informó a tunota.com que, del 1 de enero al 30 de junio de 2024, se capturaron a 97 personas, en su mayoría hombres.
El mapa de calor de las detenciones muestra una concentración significativa en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida.
Piden rastrear el dinero de la extorsión
Según Lester Ramírez, analista, el problema principal radica en la falta de capacidad de la Policía para investigar el lavado de dinero proveniente de la extorsión.
Ramírez afirma que el dinero de la extorsión está infiltrándose en el mercado legítimo a través de negocios locales, generando un fenómeno donde las estructuras criminales se están convirtiendo en empresarios que contribuyen a la comunidad.
"Ese es un fenómeno que habrá que analizar porque son mecanismos para lavar dinero," añadió.
Deben combatir el delito
Además, Ramírez señaló la importancia de abordar el reto de las remesas, las billeteras electrónicas y los bonos virtuales que están alimentando el mercado ilícito.
"Siguen capturando personas in fraganti, pero el problema radica en que no se avanza más allá de las denuncias y las transacciones marcadas," lamentó Ramírez.
Carlos Hernández, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), refuerza lo que analiza Ramírez y dice que la extorsión ya no se limita a ser un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades.
"Se extendió a departamentos como Valle, La Paz, Colón y otros, donde antes no se registraban reportes de este flagelo", señaló.
El 6 de diciembre del 2022 entró en vigencia el régimen de excepción en Honduras como parte del Plan de Tratamiento a la Extorsión en el país, sin embargo, cifras obtenidas por la sociedad civil indican que a un año de implementación no ha dado resultados.
