Un nuevo informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) pone en entredicho la eficacia y legalidad del estado de excepción implementado hace dos años y medio en Honduras.

Más de 300,000 hogares han sido víctimas de extorsión desde diciembre de 2022, las tasas de homicidios siguen siendo las más altas de Centroamérica, y las denuncias por abusos a los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad no cesan, según la ASJ.

Lo que comenzó como una estrategia temporal para "recuperar el control del país" se ha convertido en una norma: desde su entrada en vigencia, el gobierno ha emitido 21 declaratorias consecutivas sin cumplir los requisitos constitucionales, como la ratificación oportuna del Congreso Nacional.

Hoy, 223 de los 298 municipios están bajo estado de excepción, abarcando al 91 % de la población hondureña.

Sin embargo, la criminalidad persiste. Según el informe de la ASJ, el porcentaje de hogares afectados por extorsión pasó del 9 % en 2022 al 11.6 % en 2024. Es decir, más de 304,000 familias viven bajo amenaza, pagando cuotas impuestas por estructuras delictivas que el Estado aún no logra desmantelar.

"El estado de excepción no solo ha fracasado en frenar la extorsión; también ha sido ilegal, improvisado y ha vulnerado derechos fundamentales", denunció Nelson Castañeda, director de Seguridad de ASJ.

Municipios afectados por extorsión

Aunque las cifras oficiales apuntan a una reducción en las denuncias, la realidad es más compleja. Lo que se refleja es una creciente desconfianza en las instituciones: muchas víctimas simplemente optan por no denunciar.

De hecho, según datos del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, el municipio del Distrito Central lidera las denuncias por extorsión, seguido de San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Valle de Ángeles, este último un destino turístico golpeado por el crimen.

La Ceiba, un polo turístico clave, ocupa el primer lugar nacional en tasa de denuncias por extorsión.

Homicidios: baja leve, pero Honduras sigue encabezando la lista

Aunque la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia a la baja desde antes del estado de excepción, Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica en 2024, superando a Guatemala por más de 10 puntos.

El Distrito Central, nuevamente, concentra el mayor número de muertes violentas, por encima de San Pedro Sula y Choloma.

Municipios más pequeños como Ilama, Gualala, San Miguelito y Tatumbla también presentan alarmantes niveles de criminalidad.

"Estamos casi 10 puntos por encima de Guatemala, y por encima de países que ni siquiera están bajo estado de excepción", lamentó Castañeda.

¿Estrategia o improvisación?

El informe denuncia una falta de enfoque territorial, ya que muchas zonas incluidas en el estado de excepción presentan baja o nula criminalidad, mientras que otras con altos niveles de violencia no han recibido atención prioritaria.

Este desorden revela una política de seguridad reactiva, no estratégica, que prioriza la exhibición de operativos antes que resultados sostenibles.

"De más de 50,000 operaciones policiales vinculadas al microtráfico, solo se han generado 300 requerimientos fiscales. Es una efectividad mínima", denunció Castañeda.

Impunidad: el talón de Aquiles del sistema

Más allá de los operativos y los discursos oficiales, la impunidad sigue dominando el panorama. En 2024, el 90 % de los delitos no han sido judicializados. Solo 1 de cada 10 casos de homicidios llega a una sentencia.

"Esto no se resuelve con más policías en las calles, sino con un sistema judicial independiente, funcional y coordinado", agregó el experto.

Extorsión y lavado: el dinero sigue eludiendo a las autoridades

Carlos Padilla, especialista en criminología, fue aún más claro: la extorsión en Honduras se mueve a través de canales electrónicos, como billeteras móviles y transferencias bancarias. Sin trazabilidad financiera, resulta casi imposible identificar a los verdaderos cabecillas.

"Los condenados son mandaderos. Las cabezas siguen libres porque no se está siguiendo el dinero", afirmó en una entrevista en Diario Matutino de radio HRN. "Urge un trabajo interinstitucional para rastrear cuentas y detectar movimientos atípicos", agregó.

¿Qué está en juego en 2025?

Con las elecciones generales programadas para noviembre, la prolongación del estado de excepción genera serias preocupaciones sobre la vigencia de derechos fundamentales como la libertad de reunión, la movilidad y la privacidad.

"Un proceso electoral democrático no puede celebrarse en un país donde los ciudadanos no pueden movilizarse libremente ni ejercer sus derechos básicos sin temor", concluye el informe.

Recomendaciones clave de la ASJ

  • Diseñar estrategias de seguridad con enfoque territorial diferenciado.
  • Establecer una hoja de ruta para reducir la impunidad.
  • Fortalecer la investigación criminal y el trabajo de inteligencia financiera.
  • Recuperar la confianza ciudadana mediante un sistema judicial efectivo.

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