El sector transporte en Honduras cierra el 2024 con cifras alarmantes: 51 operarios asesinados y cerca de 500 millones de lempiras recaudados por estructuras criminales a través de extorsión.

La inseguridad y los métodos modernos de cobro implementados por las bandas delictivas han agravado la crisis, dejando a conductores, empresarios y usuarios en una situación de constante temor.

Wilmer Cálix, líder del sector transporte, indicó que aunque en ciertas ciudades se ha logrado una leve disminución en los casos de extorsión, el fenómeno sigue expandiéndose a zonas anteriormente libres de ese flagelo.

La adopción de tecnologías por parte de los grupos criminales, como sistemas de cobro electrónico, representa un desafío adicional para las autoridades.

"Hay cuentas de monederos electrónicos vinculadas a personas fallecidas que siguen activas, y es ahí donde se mueve gran parte del dinero que obtienen de la extorsión", denunció Cálix, señalando la falta de regulación como un factor que facilita estas actividades ilícitas.

Por su parte, Jorge Lanza, otro dirigente del sector, reveló que en promedio ocurren 15 asaltos diarios a pasajeros del transporte público, un reflejo de la creciente inseguridad.

Aunque iniciativas como el plan "Navidad Segura" y el estado de excepción han incrementado la presencia policial en las principales ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, estos esfuerzos han sido insuficientes para frenar la violencia y los delitos.

¿Qué se viene para el futuro?

El panorama futuro preocupa aún más a los transportistas, quienes temen que la criminalidad vuelva a intensificarse una vez que terminen las medidas especiales de vigilancia.

"Lo que se necesita es un plan sostenible, no solo estrategias temporales. Los operarios están trabajando bajo amenaza constante, y los usuarios tampoco están seguros", expresó Cálix.

La crisis en el transporte público hondureño pone en evidencia la urgencia de implementar políticas de seguridad integrales que garanticen la protección de trabajadores y usuarios, así como un control más efectivo sobre los sistemas electrónicos utilizados por los grupos criminales.

Sin medidas contundentes, la situación podría empeorar en 2025, dejando al sector en un estado aún más crítico.