La extorsión es el factor que hoy frena el movimiento cotidiano de miles de sampedranos. En San Pedro Sula, el transporte público atraviesa una crisis que no solo se mide en rutas paralizadas o buses vacíos, sino en el miedo constante de conductores y pasajeros, mientras el aumento ilegal del pasaje agrava la tensión en las calles.

El miedo se instaló primero entre quienes esperan el bus. En las paradas, la incertidumbre se volvió rutina y el silencio reemplazó el ruido habitual de los motores.

“Uno sale con temor, no sabe si el bus va a pasar o si algo va a ocurrir en el camino. Subirse ahora da miedo”, relató un usuario.

La extorsión, dijo, no solo paraliza a los transportistas, sino que deja a los pasajeros atrapados entre la necesidad de movilizarse y el riesgo constante.

De interés: La extorsión que mata ya se castiga con perpetua en Honduras

Extorsión y amenazas vacían rutas clave del transporte urbano

Desde tempranas horas, varias rutas amanecieron sin circular. La que conecta con la López Arellano fue una de las más afectadas, luego de presuntas amenazas vinculadas al cobro de “renta”.

La ausencia de buses no pasó desapercibida para los usuarios, que encontraron paradas vacías y recorridos interrumpidos sin aviso previo.

La situación más crítica se vive en la ruta 1, que permanece paralizada tras el asesinato de uno de sus conductores.

A esta suspensión se sumó, desde el lunes 12 de enero, la empresa de buses pequeños que cubre el mismo trayecto, profundizando el impacto para quienes dependen de este servicio para llegar a sus trabajos, centros educativos o actividades diarias.

Usuarios denuncian inseguridad en medio de la crisis por extorsión

Para los pasajeros, el problema va más allá de la falta de unidades. La percepción de inseguridad se mantiene latente en cada abordaje.

Algunos usuarios señalan que, aunque ciertos buses cuentan con cámaras de vigilancia, no existe certeza sobre su funcionamiento ni sobre la capacidad real de respuesta ante una emergencia.

“No hay seguridad. Algunos buses tienen cámaras, pero quién sabe si funcionan”, expresó un usuario, reflejando el temor que acompaña cada recorrido.

La extorsión, dicen, no solo afecta a los transportistas, sino también a quienes usan el servicio y quedan expuestos en un sistema debilitado.

Aumento del pasaje agrava el malestar ciudadano

A la violencia se suma el golpe económico. Usuarios denunciaron el incremento no autorizado del pasaje de 12 a 15 lempiras, una medida que fue desautorizada por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (INHTT).

La institución sostiene que aún existen acuerdos pendientes de compensación con el sector transporte, por lo que el alza carece de aval legal.

El aumento, aplicado en medio de la crisis por extorsión, intensificó el descontento de los usuarios, quienes señalan que pagan más por un servicio irregular, inseguro y cada vez menos confiable.

Lea también: Extorsión sin freno: la deuda que el gobierno de Honduras dejó al volante

Desde la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), las autoridades aseguran que, pese a la gravedad del escenario, no han recibido denuncias formales por parte de los afectados.

“Es lamentable que no exista una denuncia formal por los afectados por el cobro de extorsión. Hay presencia policial”, señaló una vocera de la institución.

La extorsión mantiene al transporte público de San Pedro Sula en un punto crítico: rutas paralizadas, usuarios atrapados entre el miedo y el sobrecosto, y autoridades que reclaman denuncias mientras el sistema se debilita día a día.

En una ciudad que depende del bus para moverse, la crisis deja una pregunta abierta: cuánto más puede resistir el transporte urbano antes de quedar completamente paralizado por la violencia y la informalidad.