El fenómeno de la extorsión a transportistas dejó de ser un problema local para convertirse en una crisis regional.

En Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Brasil y especialmente en Honduras, los grupos criminales convirtieron las rutas de transporte en escenarios de violencia sistemática.

Exigen pagos semanales, los temidos “cupos” a cambio de no matar, no atacar, no desaparecer. En Honduras, este flagelo tiene nombre propio: “impuesto de guerra”.

Una amenaza que paraliza rutas

El “impuesto de guerra” no solo es una cuota criminal: es una condena. En muchas colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los conductores de autobús, taxis y mototaxis viven con miedo constante.

Las rutas se abandonan, las unidades desaparecen de las calles y las empresas quiebran. No por falta de pasajeros, sino por exceso de amenazas.

A más de 2,300 transportistas los asesinaron entre 2010 y 2024 en Honduras por negarse a pagar o simplemente por operar en zonas “dominadas”.

Cifras que gritan

En 2024, según cifras de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el 11.6% de los hogares hondureños fueron víctimas de extorsión.

Esto representa más de 304,000 familias afectadas directamente, muchas de ellas del rubro transporte.

Solo en ese año, el sector destinó más de 600 millones de lempiras en pagos a estructuras criminales.

Durante temporadas como Semana Santa y Navidad, las maras incluso duplican las tarifas, exigiendo entre 500 y 2,000 lempiras semanales por unidad, todo depende de la zona y del grupo que controla la ruta.

La respuesta del Estado

A pesar de decretos de estado de excepción y el despliegue de la Dipampco, la extorsión no cede.

De las 30 acciones propuestas en el plan antiextorsión que lanzó el gobierno, solo cinco se cumplieron, según ASJ.

La mayoría de las víctimas no denuncia. Y quienes lo hacen, rara vez obtienen justicia informa la organización.

Los transportistas siguen muriendo. Otros, simplemente migran o cambian de rubro. El transporte hondureño pierde su gente, su fuerza y su voz.

Una tragedia compartida en la región

Mientras en Guatemala se llama “renta”, en México “derecho de piso” y en Brasil “tarifas de protección”, el resultado es el mismo: muertos, terror y control criminal.

En Ecuador, las bombas y tiroteos obligan al gobierno a declarar estados de excepción. En Perú, bandas como Los Malditos de Angamos paralizan obras y transportes.

Honduras comparte este patrón, pero lo vive con una crudeza particular. Aquí, el crimen se institucionalizó al punto de cobrar “multas” por operar y hasta “bonos” por dejar de matar.

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¿Y ahora qué?

Expertos como Jean Paul Pinto advierten que sin una reforma integral del sistema de justicia y una coordinación regional real, la extorsión seguirá creciendo.

Los gobiernos ya no pueden enfrentar este fenómeno por separado. Pero mientras esas reformas llegan, si es que llegan—, miles de hondureños seguirán cada día arrancando su unidad con miedo.

Porque en este país, manejar no es solo un oficio. Es un acto de valentía.