En la audiencia de revisión de medidas que se celebro en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción contra Fernando Josué Suárez Ramírez, extraditado de El Salvador, un juez le impuso medidas cautelares.

Esas medidas que se implementarán hasta que se celebre el juicio oral y público son por los delitos de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos.

“El tribunal ordenó que Suárez permanezca bajo el cuidado y vigilancia de la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección de Fuerzas Especiales en el destacamento Cobra, además de prohibirle salir del país”, explicó Luis Javier Santos, coordinador de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), a tunota.com

Estas medidas se tomaron en consideración del riesgo que Suárez podría sufrir o de la posible vulneración de sus derechos a la integridad física y a la vida.

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Fernando Josué Suarez Ramírez extraditado de El Salvador.

Emplazan a las partes

Durante la misma audiencia, se emplazó tanto a la defensa de Fernando Suárez como a la Uferco para que, a partir del miércoles 31 de julio de 2024, comenzara el plazo de cinco días para que las partes presentaran nulidades e incidentes en el proceso.

“Si ese plazo se cumple, lo siguiente en el proceso será la programación de una audiencia para la proposición de pruebas, donde cada parte presentará su listado de pruebas a evacuar durante el juicio oral y público”, añadió Santos.

Caso Pandora

Fernando Suárez, implicado y testigo en el caso Pandora, fue remitido al destacamento Cobra y puesto a disposición del juez previa evaluación médica y psicológica que se ordenó.

Además, se establecieron medidas de seguridad para las personas que puedan visitarlo en ese lugar. El coordinador de la Uferco aclaró que Suárez sigue teniendo la condición de testigo e imputado.

Suárez es un testigo clave en el caso Pandora, relacionado con una red de corrupción que supuestamente facilitó el desvío de fondos por más de L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas entre los años 2010 y 2013.