La cúpula militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) rechazó este domingo cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales, luego de la detención del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, y otros dos exjerarcas militares por los delitos de homicidio y lesiones graves.

A través de un comunicado de prensa, las FF. AA. emitieron el pronunciamiento debido a la presunción de delitos de violación de derechos humanos cometidos el 5 de julio de 2009 en el marco del golpe de Estado en contra el expresidente José Manuel Zelaya.

"Condenamos todo golpe de Estado, de los cuales se derivan efectos perniciosos en el marco del rompimiento del Estado de derecho y la violación de la Constitución de la República", reza parte del documento.

A renglón seguido, la institución castrense agregó que "rechazamos de manera categórica cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales".

No habrá más golpes de Estado

En el mismo escrito, la cúpula militar garantizó que no habrá más golpes de Estado, ya que las nuevas generaciones de oficiales están firmemente comprometidos con el respeto al marco legal del país.

"Reconocemos la importancia de aprender de la historia y de fortalecer nuestra institucionalidad, asegurando que el respeto a la Constitución de la República y los DD. HH. sean pilares fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión", sostuvo las FF. AA.

Finalmente, reiteraron en cumplimiento al mandato constitucional, que por ningún motivo las armas confiadas a la institución militar serán utilizadas para afectar al pueblo hondureño.

Detención de exmiembros de las FF. AA.

Junto a Vásquez también fueron detenidos el ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando Conjunto de Operaciones, Carlos Puerto.

Los tres exmilitares eran reclamados por el Ministerio Público "por suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves" tras un ataque armado de militares contra manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el 5 de julio de 2009.

Los manifestantes esperaban el regreso de Zelaya desde Nicaragua tras haber sido sacado de su casa en Tegucigalpa en la madrugada del 28 de junio de ese año por unos 200 militares que lo esposaron y llevaron al aeropuerto, donde lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica.

Días después estaba prevista su vuelta a Honduras, cuando "elementos de las Fuerzas Armadas" actuaron "de manera desproporcionada" y dispararon a los manifestantes con fusiles M16 de "manera indiscriminada", señaló el Ministerio Público en su requerimiento.

En los hechos murió Isy Obed Murillo por un disparo en la cabeza y Alex Zavala quedó gravemente herido.