Para Joaquín Mejía, abogado especialista en derechos humanos, dar por finalizado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, es una medida que, priva a los hondureños de una herramienta esencial para la justicia.

Este tratado, vigente desde 2013, permitió la extradición de más de 40 hondureños vinculados al narcotráfico, llevándolos a enfrentar la justicia en territorio estadounidense.

El Tratado de Extradición es, en esencia, una herramienta de cooperación judicial internacional, fundamental cuando se trata de delitos que tienen un impacto transnacional.

"No es una cuestión de injerencia política ni ideológica", explicó Mejía. Sin embargo, con la denuncia y terminación de este acuerdo, surge la pregunta de si realmente se consideró la soberanía nacional o si se revisaron otros tratados bilaterales.

"¿Por qué se denunció este tratado en particular y no otros? ¿Por qué no se llamó a consultas a la embajadora de Estados Unidos, o se le declaró persona non grata?", cuestionó el abogado.

Mejía enfatiza que la eliminación del tratado es un golpe para la ciudadanía hondureña, que pierde una vía eficaz para combatir el crimen organizado a nivel internacional.

¿Por qué el Ejecutivo denunció el Tratado?

Para entender por qué el Poder Ejecutivo utilizó la denuncia para poner fin al tratado, Mejía aclara que la Constitución de Honduras no aborda explícitamente este tema, pero dentro del constitucionalismo latinoamericano, la denuncia de un tratado es una prerrogativa del Poder Ejecutivo.

"En muy pocos casos se requiere la participación del Poder Legislativo", señaló.

Según Mejía, hay tres fases clave en la vida de un tratado: la negociación y firma, la ratificación y la denuncia.

"La firma y negociación son exclusivas del Poder Ejecutivo, mientras que la ratificación requiere la aprobación del Congreso.

Posteriormente, el Ejecutivo puede proceder con la denuncia. "Nuestra Constitución señala que es el Ejecutivo quien dirige la política y las relaciones internacionales", explicó el abogado, justificando así que el Ejecutivo no necesita la aprobación del Congreso Nacional para poner fin al tratado.