Además de Jesús Mejía, también está procesado el exdirector del Foro Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), Mario Cardona.
Ambos exfuncionarios son acusados por el Ministerio Público por la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, anunció que la fecha de la resolución del juicio no está agendada porque existe un recurso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional.
“Hasta que se notifique la posible de esa resolución de amparo o que se haga la comunicación de desestimamiento de ese recurso, se dará a conocer la fecha del fallo”, dijo Silva.
La Fiscalía Especial Contra la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó 50 medios de prueba para acreditar los ilícitos.
El caso
Según el expediente, los dos imputados no siguieron los requisitos legales cuando eran funcionarios en un proyecto de electrificación para la comunidad de El Rodeo, Intibucá, proyecto que no se ejecutó, pese a que se retiraron los materiales en 2017.
Ambos exfuncionarios omitieron lineamientos de verificación de proyectos, aprobando la salida de materiales del almacén central de la estatal eléctrica, de acuerdo ala acusación.
Ese hecho causó un perjuicio al Estado de más de L722 mil, según el requerimiento fiscal.
De acuerdo con las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 17 de noviembre del 2017, el regidor Selvin Sadi Márquez Euceda, retiró del almacén central de la ENEE los materiales que según la solicitud estaban destinados para la electrificación de la comunidad de El Rodeo.
Mediante inspección realizada el 5 de abril de 2021, se constató que el proyecto no se ejecutó, causando un perjuicio al Estado, ya que se desconoce el destino de los materiales.
Al regidor se le acusa de la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público solicitó antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá, y la Corte de Apelaciones lo declaró con lugar.
Pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no autorizó iniciar la acción penal y ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría especial.
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