Este es un caso que revela cómo el poder puede intentar manipular la verdad: Mario Leonel Molina Santos, primo del fiscal auxiliar Luis Fernando Triminio Molina, se convirtió en la pieza clave de una estrategia para callar a la víctima de un delito de violación agravada.
Con documentos forenses en la mano y el discurso que había preparado, llegó hasta la casa de los padres de la joven para ejercer presión.
La intimidación fue clara: ofreció dinero para que la denuncia desapareciera o, al menos, para que la versión se alterara a conveniencia.
Su argumento era que lo que ocurrió no fue una agresión, sino una relación voluntaria. Buscó sembrar duda en la misma familia que pedía justicia.
Cómo operó la intimidación en el caso del fiscal
El Ministerio Público documentó con detalle cómo se intentó manipular el proceso judicial.
Molina Santos utilizó resultados de pruebas toxicológicas, un acceso que solo podía tener por conexiones internas para intimidar a la familia de la víctima.
Esa información, en lugar de usarse para fortalecer un caso judicial, se transformó en herramienta de chantaje.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) evidenció en juicio que Mario Leonel Molina Santos recurrió a la intimidación como parte de un plan que él mismo organizó para proteger a su primo, el fiscal.
El acusado y el daño a la confianza pública
Luis Fernando Triminio Molina, el fiscal implicado, enfrenta cargos por violación agravada en perjuicio de una joven detenida con supuesta droga.
La Fiscalía de la Mujer presentó el requerimiento fiscal en su contra, y a ello se suma otra acusación por abandonar sus funciones sin justificación.
El hecho de que un funcionario se encuentre bajo señalamientos, y que un familiar usara la intimidación para protegerlo, sacude la confianza en las instituciones que deberían garantizar seguridad y respeto a las víctimas.
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Condena contra fiscal hondureño envía un mensaje
El Ministerio Público logró que el caso no quedara en la impunidad. En un procedimiento abreviado, los jueces dictaron sentencia contra Mario Leonel Molina Santos: cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 262 días.
La condena no solo castiga a quien ejerció la intimidación, también marca un precedente: el miedo y las presiones no tienen cabida en los procesos judiciales.
