"Estas dos decisiones están empañando un proceso que había venido caminando por una ruta bastante decente y con estas dos decisiones hay razones para que considere un error de la Junta proponente", afirmó el experto en el foro Frente a Frente de Canal 5.
Uno de los candidatos excluidos fue Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quien fue separado debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) envió un documento constatando que el fiscal demandó y estaba siendo demandado por el Estado de Honduras en el caso del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández en 1995, que desencadenó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El artículo 42 de la Junta Proponente establece que ningún postulante puede tener una demanda interpuesta o en contra del Estado. Según Odir Fernández, integrante del ente colegiado, el aspirante no incluyó en su declaración jurada que tenía una acusación en su contra, a lo que Santos respondió que fue por desconocimiento, ya que nunca se le notificó.
Para Mejía, esta resolución es equivocada, ya que la Junta tiene la capacidad de obtener información de los candidatos, por ende, era su obligación analizar la demanda en cuestión y reconocer que Santos fue el único fiscal que actuó a favor del caso y que la acción en su contra fue incorrecta. Además, sostiene que el proceso jurídico contra el aspirante podría considerarse abandonado de oficio debido a la falta de actividad procesal relevante desde 2013 hasta la fecha.
"Es un mensaje difícil, porque lo que está diciendo es que un fiscal que cumple con su trabajo y que por haber cumplido se demuestra una responsabilidad del Estado a nivel internacional, entonces es excluido de este tipo de procesos", dijo Mejía.
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Mario Urquía
Otro candidato excluido es Mario Urquía, expresidente de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023, a quien se le excluyó interpretando que existe un conflicto de intereses, ya que la Junta Proponente es presidida por la magistrada presidenta, Rebeca Ráquel. También interpretaron la prohibición para los miembros de la Junta Nominadora de optar a cargos públicos en los dos años siguientes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e incluyeron al Ministerio Público, lo que Mejía considera un error.
"Se interpretó al revés, con el fin de restringir el derecho a cargos públicos (…) la resolución (de exclusión a Mario Urquía) dice que la supuesta independencia del MP es irrisoria, eso me parece muy grave. Está claro que se ha hecho una interpretación incorrecta", externó el abogado.
Este miércoles y jueves, la Junta Proponente está llevando a cabo entrevistas públicas a los 13 postulantes a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028. Los cinco candidatos mejor evaluados (al menos dos mujeres) serán enviados al Congreso Nacional, donde con 86 votos (mayoría calificada), se elegirán a los próximos fiscales que asumirán sus funciones a partir del 1 de septiembre.
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