La CIDH además expresó su preocupación por los recientes episodios de violencia en el Congreso Nacional y urgió a todas las fuerzas políticas "a emprender un diálogo respetuoso de una democracia representativa, con el objetivo de seleccionar al fiscal general y adjunto de acuerdo con la legislación nacional y el debido proceso, como se señaló en un comunicado oficial".

Asimismo, la CIDH enfatizó que el proceso de elección de los titulares de la Fiscalía General de la República debe ajustarse a los estándares internacionales, "ya que estos cargos desempeñan un papel crucial en la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos".

Este pronunciamiento de la CIDH se produce en un contexto de tensión en la política hondureña, un día después de que la Comisión Permanente del Congreso Nacional (presidida por el jefe del Legislativo, Luis Redondo, e integrada por ocho diputados oficialistas) designara interinamente a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.

La decisión de nombramiento ha sido catalogada como "impositiva" por parte de las facciones opositoras del Congreso Nacional, lideradas por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH).

Estas bancadas políticas además denunciaron incidentes violentos por parte del personal de seguridad del Congreso Nacional tanto el martes, día de la instalación de la Comisión Permanente, como el miércoles, día de la designación interina de las principales autoridades del Ministerio Público.

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El jefe de bancada del PSH, Jhosy Toscano, quien habló en nombre de las tres bancadas opositoras, declaró el miércoles por la tarde que "no es posible que 9 diputados suplanten a 128 diputados".

Origen del conflicto

El conflicto en el Congreso Nacional se originó debido a la falta de consenso entre el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) y la facción derechista compuesta por los partidos Nacional, Liberal y PSH, en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto para el período constitucional 2023-2028.

Durante la segunda legislatura del período legislativo 2022-2026, Libre contaba con 52 votos en su nómina, postulando a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto. Mientras que la oposición propuso a Marcio Cabañas y Jenny Almendares para los mismos cargos, logrando 74 votos.

Ninguna de las dos fórmulas alcanzaba los 86 votos que establece la Constitución de la República.

El 31 de agosto, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, quienes habían sido elegidos como fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2018-2023, concluyeron su mandato de cinco años.

Ante la ausencia definitiva de Chinchilla, Sibrián asumió funciones de fiscal general de manera interina desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, amparándose en un fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la espera de que el Congreso Nacional eligiera a la nueva dirección del Ministerio Público.

Sin embargo, la elección nunca se materializó, y ante la falta de acuerdo entre las diferentes facciones políticas y el desconocimiento del oficialismo hacia Daniel Sibrián, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, argumentando el artículo 208, numeral 11, de la Constitución de la República, nombró a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales generales de manera interina, a pesar de la oposición de las bancadas contrarias.

Este jueves, el fiscal general interino, Johel Zelaya, y el fiscal general adjunto interino, Mario Morazán, asumieron sus funciones en el Ministerio Público y mantuvieron reuniones con directores, subdirectores de fiscalías y jefes de unidades especializadas, después de ser juramentados el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

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