Orellana planteó interrogantes sobre quiénes conformarían dicha comisión y cuáles serían sus verdaderos intereses en relación al avance de los casos de corrupción en el MP.

"¿Quiénes son los interesados en conocer el avance de los casos de corrupción dentro del MP? Muchos de los diputados inmersos en esas discusiones tienen el propósito de impedir que esas investigaciones avancen o destruir las evidencias que existen, o reprimir a los fiscales que han actuado con dignidad", señaló.

Orellana señaló que la posibilidad de que diputados integren la comisión interventora o nombren a los interventores representa un conflicto de intereses.

"Aquellos que promueven la comisión interventora son los mismos que fomentan la impunidad en el país. No podemos permitir que eso suceda", manifestó.

Explicó que la Constitución de la República no da facultades al Congreso Nacional para intervenir el Ministerio Público, pero recordó que existe un antecedente en 2013, cuando, tras la destitución de Luis Alberto Rubí como fiscal general, el Legislativo que presidió Juan Orlando Hernández intervino ese ente.

"Sería una ley anormal si el Congreso Nacional decreta intervenir el Ministerio Público", indicó Orellana en sus declaraciones.

El exfiscal general de la República, entre 1994 y 1999, advirtió que muchos de los diputados involucrados en estas discusiones "podrían tener la intención de obstruir la marcha de las investigaciones o incluso eliminar las pruebas existentes".

"Intervenir la Fiscalía sería el peor absurdo, ya que permitiría que los delincuentes que están en el Congreso Nacional, aquellos que han sido investigados o imputados por haberse apropiado de dinero del Fondo Departamental, tengan vía libre para influir en el Ministerio Público y manipularlo a su antojo", lamentó.

En particular, Orellana enfatizó el caso de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), entidad que ha combatido activamente la corrupción entre varios diputados durante los últimos año.

El tiempo se agota...

El fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, concluirán su período constitucional de cinco años este jueves a las 11:59 de la noche, pero, ante la falta de consensos para elegir a sus relevos, podrían mantenerse en sus cargos de manera momentánea.

Otros analistas se basan en que ambas autoridades del Ministerio Público no pueden seguir más allá de este día, argumentando que el artículo 233 de la Constitución de la República manda que estén en sus puestos durante cinco años, que vencen en las próximas.

Se requieren 86 votos para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028.

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