El fiscal general Johel Zelaya respondió este miércoles a las declaraciones del alcalde de San Pedro Sula, Cortés, Roberto Contreras, quien aseguró que renunciaría a sus prerrogativas legales si se liberaba a los detenidos en el caso de corrupción que sacude a la alcaldía sampedrana y que involucra a su yerno, Steve Adolfo Fajardo Vargas.

Zelaya afirmó que la ley no permite una renuncia voluntaria a dicha prerrogativa y advirtió que no se debe manipular a la opinión pública con discursos populistas.

"Al pueblo no hay que confundirlo, al pueblo hay que decirle las cosas como son", expresó.

En ese sentido, enfatizó que "es imposible" que Roberto Contreras pretenda renunciar a un antejuicio para ponerse a disposición del MP. "Eso no se puede. Está como que usted quiera renunciar a vivir", respondió a periodistas.

Seguidamente explicó que la figura del antejuicio es una protección establecida por la ley que abarca a alcaldes y solo puede ser modificada por el Congreso Nacional. "No podemos en ningún momento decir que renunciamos porque sí".

Contratos fraudulentos, pagos en efectivo y un vehículo clave

El caso que ha puesto bajo la lupa a la alcaldía de San Pedro Sula se basa en una investigación del Ministerio Público que detectó la suscripción de 33 contratos irregulares entre julio de 2023 y abril de 2024 con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., supuestamente para el mejoramiento vial de la ciudad.

Las investigaciones revelan que hubo fraccionamiento de contratos, sobrevaloración de obras y pagos injustificados, generando un perjuicio de más de 45.5 millones de lempiras al erario público.

Cuatro personas ya están bajo detención judicial, mientras que Steve Fajardo Vargas, yerno del alcalde, está acusado pero no capturado. En total son 15 los procesados por esta causa.

Zelaya explicó que el caso se construye sobre documentos financieros, análisis periciales y testimonios protegidos que coinciden entre sí.

"Nosotros escuchamos a los testigos protegidos en sede administrativa, verificamos si su versión coincide con las pruebas técnicas. Cuando hay consistencia, el testigo es validado. En este caso, las evidencias apuntan en la misma dirección", afirmó.

Entre las pruebas citadas por el fiscal destaca una camioneta Toyota Prado negra que habría sido financiada con dinero de los contratos.

"Ese vehículo pertenece a una persona de apellido Fajardo", añadió, sin mencionar directamente a Fajardo Vargas.

El fiscal Johel Zelaya lamentó la filtración de audios en los que un testigo protegido detalla el manejo del dinero vinculado a los contratos supuestamente irregulares. "Son reales, pero no tienen por qué filtrarse", expresó

Empresas bajo investigación y hallazgos sospechosos

Además de Fajardo Vargas, el MP investiga a otras personas y empresas relacionadas con los contratos irregulares en San Pedro Sula.

Zelaya reveló que algunas compañías compraron millones en productos que no corresponden con obras viales, como pastillas para la presión y semillas para rábano.

"Estamos verificando que no haya sobrevaloración en esos contratos", advirtió.

Aunque expresó respeto por el alcalde Contreras, Zelaya dejó entrever que este podría no estar al tanto del nivel de corrupción dentro de su administración.

"Cuando me cuentan las reacciones de él, sospecharía como que no se daba cuenta de toda la podredumbre que sucede abajo", comentó.

"No hay impunidad en el Ministerio Público", afirma Zelaya

Zelaya rechazó también que se intente vincular al Ministerio Público con intereses políticos o persecuciones dirigidas.

"No es cierto que al fiscal general lo llaman para acusar a alguien y no acusar a otra persona. Los casos que se presentan lo hacemos de manera objetiva", indicó.

Aseguró que en la institución nadie está arropado por el manto de la impunidad, y que cualquier funcionario, sin importar su cargo o afiliación política, puede ser investigado.

Elecciones: "Representamos los intereses de la sociedad"

Además, el fiscal general se refirió al papel del Ministerio Público en el proceso electoral, subrayando que la institución supervisará las elecciones con independencia.

"Representamos los intereses de la sociedad y no los intereses de ciertos grupos, no los intereses de un consejero, de dos consejeros”, dijo.

Reafirmó que el MP está preparado ante cualquier intento de deslegitimar el proceso electoral y pidió responsabilidad a todos los actores políticos y sociales.

Además, anunció que se desplegarán hasta 300 fiscales de diversas fiscalías, incluidas las de crimen organizado y corrupción, para garantizar un proceso limpio.

Otros temas bajo investigación por el Ministerio Público

Por otra parte, el fiscal general informó que se está investigando la invasión a viviendas y un complejo turístico propiedad de empresarios canadienses en Trujillo, Colón.

También afirmó que sigue la investigación del caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de donde se habría desviado fondos para campañas políticas de Libre en el departamento de Copán.

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