El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, denunció que las investigaciones por el desvío de recursos del Fondo Departamental, ahora llamado Fondo Social, enfrentan bloqueos sistemáticos en el sistema judicial, pese a que más de 200 diputados y exdiputados estarían implicados.
"Algunos 200, aunque pueden ser más —menos no lo creo— están bajo investigación", afirmó el fiscal, quien detalló que se trata de legisladores propietarios y suplentes, actuales y pasados, señalados por la presunta apropiación de recursos públicos provenientes de ese fondo creado por el Congreso Nacional.
Santos indicó que muchas de las diligencias han sido frenadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el uso de recursos legales que obstaculizan el avance de las causas. "Se nos han puesto obstáculos para poder evacuar estas diligencias", dijo.
Uno de los ejemplos citados es el caso de un presunto líder de una red de ONG, cuyos teléfonos no han podido ser examinados debido a amparos interpuestos por sus defensores. "Y en amparo allí los casos duermen el sueño de los justos", expresó.
Santos recordó que durante el trabajo conjunto con la extinta Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se identificaron unas 300 personas —entre diputados, exdiputados propietarios y suplentes— presuntamente involucradas en maniobras para apropiarse de fondos públicos.
Señalamientos al Ministerio Público y sistema judicial
El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó las declaraciones como "impactantes" y advirtió que no se están cumpliendo las expectativas de lucha contra la corrupción que se prometieron con este gobierno.
"No se está contribuyendo a facilitar las investigaciones. No es solo responsabilidad del Ejecutivo, también del Ministerio Público, que no está actuando con la eficacia necesaria", afirmó.
Orellana también exigió que se investigue el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el que estarían implicados la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y el exministro José Carlos Cardona, por el presunto uso de fondos públicos con fines políticos en Copán.
El embajador de Honduras en Corea del Sur, Rodolfo Pastor Fasquelle, también criticó duramente al Ministerio Público, afirmando que no tiene la capacidad para enfrentar "una corrupción monstruosa".
El caso Sedesol estalló tras la difusión de un video que sugeriría manipulación partidaria de programas sociales en Nueva Arcadia, Copán, lo que provocó la renuncia de Cardona. La diputada Cuéllar, actualmente suspendida de Libre, supuestamente seguiría dirigiendo asuntos políticos de Libre en el occidente del país.
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