Desde hace más de 25 años, el Estatus de Protección Temporal (TPS) es el salvavidas legal para miles de migrantes que huyeron de tragedias naturales, violencia e inestabilidad.
Pero hoy, ese salvavidas está bajo amenaza. La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal encendió las alarmas en todo el país, y encontró una resistencia inesperada: la de 15 fiscales generales de estados clave, quienes unen fuerzas para detener lo que consideran una acción injusta y dañina.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, es una de las voces al frente de esta coalición.
Junto a él, otros 14 fiscales firmaron un escrito legal (amicus) en el caso National TPS Alliance v. Noem, con el que solicitan al tribunal una medida cautelar urgente para suspender las cancelaciones y proteger a las personas afectadas.
“Las personas con TPS huyen del trauma y las dificultades extremas, y ahora trabajan y contribuyen a sus comunidades en todo el país”, expresó Raoul.
"Me enorgullece pedirle al tribunal que preserve su estatus y evite que sus familias se separen”.
TPS, más que migrantes
La palabra TPS no significa privilegio. Para los miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes que lo portan, representa la posibilidad de vivir sin miedo, de trabajar legalmente y de mantener a sus familias.
La mayoría llegó tras desastres naturales: Mitch en 1998 para los centroamericanos; el devastador terremoto de 2015 en el caso de Nepal.
Pero con el tiempo, ya no fueron solo refugiados: se convirtieron en padres, vecinos, empleados y ciudadanos de hecho.
La decisión del DHS, liderada por la secretaria Kristi Noem, busca eliminar esa protección.
El 6 de junio anunció la cancelación del TPS para Nepal; el 8 de julio hizo lo mismo con Honduras y Nicaragua.
Separación familiar: daño invisible al eliminar el TPS
Uno de los puntos más sensibles del escrito legal presentado por los fiscales es la amenaza de separación familiar.
Según los datos presentados, al menos 100,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares mixtos, donde un padre, madre o pareja tiene TPS.
Si las revocaciones avanzan, esos hogares podrían ser fragmentados de forma irreversible.
Los fiscales advierten también sobre el impacto económico. En muchos de sus estados, estas personas desempeñan roles esenciales en sectores como la agricultura, salud, servicios y construcción.
Perderlos implicaría un golpe directo al dinamismo local y a la estabilidad de comunidades enteras.
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Estados que decidieron actuar a favor del TPS
Los fiscales generales que firmaron el escrito representan a California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Vermont, además de Illinois.
En conjunto, estos estados agrupan a gran parte de los beneficiarios del TPS en el país. Para ellos, la defensa del TPS es una cuestión de justicia social, de respeto a la ley y de protección al tejido humano que sustenta a sus comunidades.
Mientras el caso sigue su curso en tribunales, el escrito presentado por estos 15 fiscales no es solo un argumento legal.
Es también un grito de humanidad. Piden que no se castigue a quienes han hecho las cosas bien.
Que no se rompan familias por decisiones administrativas. Que no se ignoren décadas de contribución silenciosa al país que, hasta ahora, llaman hogar.
