En el octavo día del juicio contra el empresario de Georgia, Carl Zaglin, el caso entró en su fase decisiva con los alegatos finales.
La fiscalía concluyó que el dueño de Atlanco hizo de los sobornos el eje de su modelo de negocio, pagando cientos de miles de dólares para obtener contratos millonarios de uniformes con la Policía de Honduras.
Según el periodista Samuel Rubenfeld, quien da cobertura al proceso, el Departamento de Justicia insistió en que Zaglin no solo prometió y autorizó pagos ilegales, sino que los convirtió en la estrategia que sostuvo a su empresa en momentos de crisis financiera.
Peter Cooch, abogado litigante del Departamento de Justicia, aseguró que las pruebas demostraron más allá de toda duda razonable que Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos para asegurar contratos y pagos millonarios”.
La operación de Zaglin detrás de los contratos
El esquema, según la fiscalía, comenzó en 2015 con un contrato valorado en 4.9 millones de dólares.
Atlanco atravesaba una crisis financiera y necesitaba flujo de caja inmediato. Para conseguirlo, Zaglin y sus socios recurrieron a transferencias bancarias, empresas fachada en Belice y facturas falsas que sirvieron para encubrir los pagos.
Entre los testigos clave del gobierno estuvieron:
- Loren Simpson, que elaboró una hoja de cálculo detallando los pagos ilícitos.
- Bryan Berkman, quien confesó haber redactado acuerdos falsos para canalizar dinero hacia funcionarios como Francisco Cosenza.
- Luis Berkman, exejecutivo de Atlanco, quien señaló haber trabajado junto a Zaglin y Bryan DeHart en la entrega de sobornos.
- Aldo Marchena, exbanquero, que admitió haber actuado como intermediario para realizar pagos en nombre de Zaglin.
- Juan Ramón Molina Rodríguez, exfuncionario hondureño, quien reconoció haber recibido $114,000 a través de su empresa beliceña.
Aunque Cosenza se declaró culpable en agosto, no testificó en el juicio por problemas de salud.
Grabaciones que incriminan a los involucrados
El gobierno presentó grabaciones de audio que, según los fiscales, desnudan la operación.
En una conversación de 2019, Luis Berkman explicó a Zaglin cómo se hacían los pagos en contratos previos. La respuesta de Zaglin fue breve y afirmativa: “Sí, sí”.
En otra grabación, Berkman relató una charla con Cosenza sobre sobornos entregados a funcionarios hondureños, incluido un ministro de seguridad.
Según la fiscalía, Zaglin no solo estaba al tanto, sino que aprobaba personalmente los pagos.
“Las grabaciones dejan claro que el acusado comprendía exactamente cómo funcionaba el esquema y que aceptó más sobornos”, concluyó Cooch.
La defensa: sin intención criminal
La estrategia del abogado Craig Gillen fue atacar la base de la acusación: la intención. Argumentó que Zaglin actuó con la guía de abogados especializados en la FCPA y que nunca buscó cometer un delito.
Según Gillen, los contratos los negoció un distribuidor antes de que Atlanco los heredara, y las comisiones a corredores eran prácticas legales y conocidas por los asesores jurídicos.
La defensa también cuestionó a los testigos, acusándolos de manipular sus relatos en vísperas del juicio para favorecer al gobierno. Sobre los testigos Berkman y Marchena, Gillen fue directo:
“Mentirían sobre cualquier cosa que no les conviniera. No se debe confiar en ninguna palabra”.
La refutación de la fiscalía en el juicio contra Zaglin
En la réplica, otro fiscal, Clayton Solomon, sostuvo que la defensa buscaba distraer al jurado:
“Las pruebas muestran que Zaglin estaba al mando. Él firmó falsos acuerdos de corretaje, autorizó pagos y levantó un muro alrededor de su propio director financiero para ocultar la verdad”.
Solomon comparó el rol de Scott Haygood, exdirector financiero que intentó alertar sobre las irregularidades, con una alarma de incendio que fue silenciada por el propio Zaglin.
“Había un incendio intenso y el acusado metió la mano por la parte trasera y sacó la batería. Lo hizo porque sabía”, dijo el fiscal.
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Un veredicto pendiente en el juicio contra Zaglin
Tras los alegatos finales, el jurado inició deliberaciones, pero no alcanzó una decisión en el primer día.
Reanudará la discusión el próximo lunes, para determinar si Carl Zaglin es culpable de haber hecho de los sobornos la columna vertebral de su negocio, o si, como insiste la defensa, se trató de un empresario que actuó con asesoría legal y sin intención criminal.
El caso de Carl Zaglin no es solo un proceso judicial; es también una radiografía de cómo los sobornos pueden corromper instituciones frágiles y poner en entredicho la confianza pública.
El veredicto no solo decidirá el futuro del empresario de Georgia, sino también enviará un mensaje sobre cómo Estados Unidos y Honduras enfrentan la corrupción.
Fueron contratos que, en teoría, debían servir para fortalecer la seguridad, no para enriquecer a quienes manipularon el sistema.
