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La pelea judicial por el caso Sedesol subió de temperatura y lo que comenzó como una acusación por fraude continuado ahora amenaza con convertirse en un expediente mucho más pesado para el exfuncionario José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar.
La Fiscalía y la Procuraduría General de la República quieren que ambos enfrenten 67 delitos de fraude cada uno, una movida que elevaría el riesgo penal y abriría la puerta a una eventual condena mucho más severa.
La información la confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien explicó que los entes acusadores ya presentaron recursos de apelación contra la resolución emitida en audiencia inicial.
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La batalla por recalificar el caso Sedesol
En la resolución inicial, el juez designado dictó auto de formal procesamiento por un delito de fraude continuado y otorgó medidas distintas a la prisión para los imputados.
Pero la Fiscalía considera que la magnitud del caso no debe tratarse como una sola conducta continuada, sino como decenas de actos separados.
“A partir de los recursos de apelación que ya se presentaron la Fiscalía, Procuraduría General de la República y las defensas técnicas, conocieron que el ente acusador solicita una recalificación”, explicó Silva.
La pretensión del Ministerio Público y de la PGR es que la Corte de Apelaciones modifique la figura penal y establezca 67 delitos de fraude para cada acusado.
Ese es un escenario que endurecería drásticamente las posibles consecuencias judiciales.
Las defensas buscan tumbar el proceso
Mientras la Fiscalía aprieta el cerco, las defensas de Cardona y Cuéllar juegan su propia carta: buscan que la Corte de Apelaciones dicte sobreseimiento definitivo y cierre el caso.
Según Silva, los abogados de ambos imputados apelaron el auto de formal procesamiento, argumentan que no existen méritos suficientes para mantener viva la causa penal.
El Ministerio Público respondió los agravios planteados por las defensas, mientras continúa el intercambio de recursos.
Este es uno de los expedientes que más tensión política y judicial provoca alrededor del manejo de fondos en Sedesol.
Más delitos, más presión judicial
El portavoz del Poder Judicial recordó que la diferencia entre un delito de fraude continuado y 67 delitos independientes no es menor.
Si la Corte acepta la petición de la Fiscalía y eventualmente se dicta culpabilidad, la pena podría multiplicarse considerablemente.
Detrás de la disputa jurídica también se libra otra batalla: la del mensaje político y judicial que dejará el caso Sedesol.
Esto en medio de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y el alcance de las responsabilidades penales de los funcionarios implicados.
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