La Fiscalía Regional de Oriente inició este miércoles una investigación contra dos creadores de contenido hondureños señalados por rapar a un menor de edad en Danlí, un hecho que generó indignación tras difundirse en redes sociales.

Fernando González, portavoz del Ministerio Público, informó en Noticieros Hoy Mismo de TSi que las autoridades investigan el caso bajo la posible comisión del delito de trato degradante, contemplado en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

En las imágenes difundidas por los tiktokers se observa al menor, aparentemente en situación de vulnerabilidad, mientras los creadores de contenido le proponen entregarle 500 lempiras a cambio de cortarle el cabello al ras.

Según explicó González, un equipo investigador del Módulo de Atención Integral Especializado ya recopila pruebas e indicios para determinar si existen elementos suficientes que permitan presentar un requerimiento fiscal contra los involucrados.

Las autoridades consideran al niño una persona en condición de vulnerabilidad debido a su edad, por lo que la Fiscalía decidió actuar de oficio y comenzó las diligencias correspondientes.

El artículo 214 del Código Penal establece penas de uno a dos años de prisión para quien someta a otra persona a un trato degradante mediante violencia física, psicológica o verbal que afecte gravemente su integridad moral.

La normativa también contempla un aumento de un tercio de la pena cuando la víctima se encuentra en condición de vulnerabilidad, entre otros supuestos.

Fiscalía determinará las próximas acciones

González señaló que el fiscal encargado del área de niñez deberá determinar las siguientes actuaciones dentro del proceso.

Entre las posibilidades figura que las autoridades soliciten una orden de aprehensión o que los investigados comparezcan voluntariamente ante el Ministerio Público.

El portavoz aclaró que la investigación todavía se encuentra en desarrollo, por lo que corresponderá a los fiscales analizar las pruebas antes de presentar una acusación formal.

Durante el reporte también surgieron señalamientos sobre supuestas acciones similares atribuidas anteriormente a uno de los creadores de contenido.

El Ministerio Público indicó que el equipo investigador revisará las denuncias y antecedentes relacionados con el caso para establecer los hechos y las posibles responsabilidades.

La investigación pone nuevamente en discusión los límites que deben respetar los creadores de contenido al involucrar a niños y otras personas vulnerables en publicaciones destinadas a generar audiencia en redes sociales.

El Ministerio Público continuará con la recopilación de elementos probatorios y deberá establecer si las actuaciones investigadas constituyen una infracción penal.

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