Este lunes se iba a conocer cuántos años de prisión recibiría la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, declarada culpable por delitos relacionados con el desvío de fondos bajo custodia del Banco Central de Honduras (BCH), sin embargo, la lectura de sentencia fue suspendida luego de que su defensa presentara un recurso de inconstitucionalidad.
El Poder Judicial informó que la acción fue interpuesta por la defensa técnica de Medina, quien cuestiona la constitucionalidad del Código Penal vigente y alega presuntas vulneraciones a garantías procesales.
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Ante ello, las juezas de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula ordenaron remitir el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala de lo Constitucional deberá conocer y resolver el recurso presentado por la defensa, lo que determinará la continuidad del proceso.
La instancia podrá declarar con lugar o sin lugar el recurso presentado por la defensa. En caso de rechazarlo, el proceso continuará con la programación de la lectura de sentencia. Si lo admite total o parcialmente, el caso podría sufrir modificaciones en su trámite o en la aplicación de las normas cuestionadas, lo que retrasaría la emisión de la pena.
La suspensión de la lectura de sentencia contra Francia Medina
De acuerdo con el portavoz judicial Ruy Gabriel Barahona, la audiencia estaba programada para este lunes a las 3:00 de la tarde, en la que se determinaría la pena de cárcel que deberá cumplir la exfiscal, hallada responsable en el caso del presunto desvío de fondos vinculados a evidencias resguardadas en el BCH.
Francia Medina fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y 41 delitos de falsificación de documentos en perjuicio de la administración pública, tras un proceso judicial en el que el tribunal determinó su responsabilidad penal.
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), la exfuncionaria habría gestionado retiros de dinero que se encontraba bajo custodia estatal como evidencia, lo que permitió el movimiento de millones de lempiras que posteriormente habrían sido utilizados para la adquisición de bienes y otros activos.
En la audiencia de individualización de la pena, el MP y la Procuraduría General de la República (PGR) habían solicitado una condena superior a los 31 años de prisión contra Medina.
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