El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó este viernes dos requerimientos fiscales por el delito de fraude electoral.
Según la información que compartió la Fiscalía General en un comunicado, los delitos están relacionados con la emisión irregular de constancias de vecindad para alterar ilegalmente el domicilio electoral de varios ciudadanos.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en los municipios de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, y San Antonio de Flores, El Paraíso, en el oriente de Honduras.
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En ambos casos, se constató que personas originarias de otras zonas fueron inducidas a cambiar su domicilio electoral bajo promesas de ayuda por parte de activistas políticos, a pesar de no residir ni laborar en los municipios donde se registraron.
¿Contra quienes son los requerimientos?
El primer requerimiento es contra Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante, secretaria municipal de la Alcaldía de San Antonio de Oriente. Se le acusa de haber emitido, entre julio y agosto de 2024, al menos diez constancias de vecindad falsas a personas provenientes de Tatumbla.
La funcionaria enfrenta cargos por falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y otros delitos electorales.
El segundo requerimiento es contra José Napoleón Cáceres Dormes, secretario municipal de San Antonio de Flores y actual precandidato a alcalde por un partido político.
Las investigaciones señalan que Cáceres Dormes emitió constancias falsas con el mismo objetivo de alterar la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), buscando incidir en los resultados de las elecciones programadas para marzo de 2025.
Ambos casos reflejan un patrón común: la manipulación de personas en situación de vulnerabilidad con fines políticos. Esta se convierte en la primera acción formal por delitos electorales cometidos durante las elecciones primarias.
