El juzgado en materia de criminalidad organizada medio ambiente y corrupción, dictó este miércoles medidas sustitutivas a 23 de los 40 imputados en el caso del millonario fraude del Programa de Asignación Familiar (PRAF), de donde supuestamente desviaron 96.9 millones de lempiras entre 2010 y 2014.
Este miércoles se celebró la audiencia de declaración de imputados, en la que se les dictó la medida cautelar. Además, la audiencia inicial quedó programada para el miércoles 5 de marzo a las 11:00 de la mañana.
A estas personas se les señala responsables de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Desvío millonario de PRAF
El Ministerio Público presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra 40 personas que se habrían confabulado para desviar la millonaria cantidad, a través de contratos para evadir los procesos de licitación.
Los acusados de este desfalco en perjuicio del Estado de Honduras son: Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa Di Mujer, junto a otras 37 personas, entre exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG.
Además, el Ministerio Público informó que los acusados justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se desarrollaron.
En ese sentido, el esquema de corrupción en el PRAF incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG's sin capacidad técnica, utilizando 'empresas de relleno'.
La Fiscalía afirma que los imputados privaron a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de oportunidades para desarrollar capacidades técnicas para emprender su propio negocio.
