Expertos hondureños manifestaron este martes en Frente a Frente su preocupación sobre la gestión de fondos públicos por parte de los diputados en Honduras, advirtiendo que esta práctica "pervierte la acción" legislativa.
Lo anterior tras el reciente escándalo de presunta corrupción de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que implica directamente al exministro José Carlos Cardona, quien renunció a su cargo; y a la diputada del partido de gobierno, Isis Cuéllar.
Fue un video filtrado que reveló el desvío de fondos públicos con fines políticos. El tema se ha viralizado y muchos hondureños han identificado el caso como 'El checazo'.
En ese sentido, este martes se discutió en Frente a Frente el tema: ¿Estaría de acuerdo usted con la derogación del numeral 37 del artículo 205 constitucional, que otorga subsidios y subvenciones a los diputados con fines de supuesta utilidad pública?
Para debatirlo fueron invitados: Kenneth Madrid, especialista en administración de justicia penal; Henry Salinas, abogado especialista en temas anticorrupción; y Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y quien se ha venido desempeñando como secretario general de la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
¿Por qué se debe prohibir que los diputados gestionen fondos públicos?
Para Alex Navas, aunque algunos legisladores presenten proyectos de ley valiosos, es fundamental reglamentar y prohibir que gestionen fondos públicos.
"Yo sí considero que los diputados no deberían de ninguna manera manejar fondos públicos porque esto pervierte la acción" legislativa, indicó Navas.
En este sentido, destacó que ciertos diputados han movido grandes cantidades de dinero sin haber presentado un solo proyecto en el Congreso Nacional.
El caso "Fe de erratas" y la inmunidad de diputados en Honduras
La corrupción en el Congreso y la búsqueda de impunidad no es nueva.
Navas citó el caso denominado "Fe de erratas". Ese proceso fue presentado ante los tribunales por la MACCIH en noviembre de 2018, donde se acusó a cuatro diputados del Partido Nacional por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
El delito se dio porque en enero de 2018 los diputados en el pleno aprobaron una serie de decretos, pero cuando se publicaron en La Gaceta contenían artículos que no fueron discutidos. Estos garantizaban impunidad para varios diputados que estaban siendo investigados o procesado por la MACCIH y el Ministerio Público.
Los acusados aseguraron que los "errores" en La Gaceta era por una "corrección de estilo" y aludieron una "fe de erratas". Al final la justicia avaló la impunidad para todos los involucrados.
Algunos de esos diputados siguen en sus cargos al día de hoy, protegidos por un sistema que perpetúa los esquemas de corrupción.
De acuerdo con el abogado Navas, el gobierno está intentando llevar a cabo investigaciones relacionadas con casos de corrupción como el de Sedesol, pero requiere un esfuerzo importante del Ministerio Público para llegar hasta las últimas consecuencias, tal como lo hizo la MACCIH en su momento.
¿Qué propone Kenneth Madrid sobre el control de fondos públicos?
Kenneth Madrid, especialista en administración de justicia penal, también se unió a la discusión, sugiriendo que los diputados del Congreso Nacional deben ser claros en cuanto a las prohibiciones sobre la ejecución de fondos públicos.
Madrid emplazó a los diputados a hacer cambios en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. "Ahí en las prohibiciones: 'Se prohíbe a los diputados ejecutar fondos de este poder del Estado'", sugirió.
Madrid insistió en que esta medida debe ser incorporada en las leyes del país para dar una muestra al pueblo hondureño de que hay un "cambio sustancial" en la conducta legislativa y evitar más problemas con la ley.
Además, explicó que Honduras no saldrá de la pobreza si no hay un equilibro en los sistemas de justicia, un país se hace fuerte porque hay un respeto a la ley.
El desafío del financiamiento político electoral en Honduras
Por su parte, Henry Salinas, abogado especialista en temas anticorrupción, reflexionó sobre el uso de fondos públicos por diputados en los contextos políticos.
"La atribución y las facultades de un diputado son legislar. No es andar dando bonos ni kit de sublimados ni nada de eso en el interior del país, sino que es propiamente legislar y medirlos por su producción legislativa", indicó.
Aseguró que el financiamiento político electoral sigue siendo uno de los principales problemas en el país.
Salinas también destacó que muchos de los diputados no han rendido informes financieros, lo cual aumenta la desconfianza sobre el manejo de recursos públicos.
Para cerrar, los expertos coincidieron en la importancia de concientizar a la ciudadanía sobre el rol real de los diputados, el cual debe ser legislar y no gestionar fondos públicos, que al final son utilizados con fines partidarios.
El llamado es claro: las reformas necesarias deben provenir de un Congreso Nacional comprometido con el bienestar del país y no con intereses personales.
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