En el programa Frente a Frente de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, se analizó a profundidad la reciente aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, un paquete de reformas a 29 artículos orientado a modernizar la legislación antilavado y blindar al país frente a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante la emisión se abrió un debate entre las autoridades reguladoras del sistema financiero y los legisladores de distintas bancadas sobre el peligro real de que Honduras sea incluida en una "lista gris" internacional y la urgente necesidad de equilibrar el control de los fondos ilícitos con las garantías constitucionales de los ciudadanos.
LEA: Congreso Nacional aprueba nueva Ley Contra el Lavado de Activos
La necesidad de aprobar estas reformas de forma acelerada contrapone dos visiones sobre el impacto en la economía nacional. Por un lado, la diputada Tania Pinto, del Partido Nacional, argumentó que la aprobación legislativa responde a un esfuerzo multipartidario para cumplir los estándares del GAFI y evitar consecuencias devastadoras para la población.
Todas estas reformas que estamos haciendo, uno es para modernizar la legislación hondureña, estar bajo los estándares del GAFI, pero sobre todo para prevenir y combatir el lavado de activos, es decir la utilización de dinero que proviene de ilícitos y proteger el sistema financiero de nuestro país.
Tania PintoEsta advertencia sobre el riesgo financiero fue respaldada por las autoridades técnicas del ente regulador. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás García, enfatizó que caer en la lista gris desencadenaría bloqueos de capital y encarecería la vida cotidiana de los hondureños:
El primero de ellos es: se cortan los financiamientos, o por lo menos se comienzan a limitar o a condicionar muchos de los financiamientos ( ... ) Esto podría incluso elevar el precio de las remesas ( ... ) la posibilidad de caer en una lista gris no la podemos descartar.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS, César Castellanos, fue más allá al contrastar el escenario de una lista gris con el colapso absoluto de caer en una "lista negra", calificándolo como un golpe mortal para el presupuesto del Estado.
Hablamos del riesgo de caer en lista gris pero también está la lista negra o sea ese es el siguiente nivel ( ... ) pasaría con Honduras sería prácticamente una muerte económica considerando que el país no puede sobrevivir sin el financiamiento del Fondo Monetario Banco Mundial.
César Castellanos.La lista gris del GAFI -conocida oficialmente como Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada o Jurisdicciones bajo mayor vigilancia- identifica a los países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Carga de la prueba, retrospectividad y el choque con la Constitución
Frente a la urgencia de cumplir con los organismos internacionales, el debate en la mesa expuso claras reservas sobre la legalidad y la técnica jurídica empleada en el Congreso Nacional.
Además: Esta es la función de la nueva unidad técnica creada por el Gobierno
El diputado Ramiro Lobo, de Libertad y Refundación, reconoció que la ley contiene avances significativos, como trasladar al Ministerio Público la obligación procesal de demostrar la culpabilidad del investigado.
Uno de los puntos destacados y que nosotros los consideramos como un avance importante en esta ley es la inversión de la carga probatoria ( ... ) que ya ahora es justamente el Ministerio Público el que tiene que demostrar la culpabilidad.
Hasta ahora, la Ley de Lavado obligaba al sujeto investigado a demostrar que sus bienes eran de origen lícito.
Sin embargo, Lobo confrontó de inmediato el optimismo del sector regulador al señalar que desde el artículo 79 al 79F rozan la inconstitucionalidad al introducir la "retrospectividad" de la norma.
La retrospectividad hace referencia a que una ley se aplica desde que entra en vigor a situaciones que empezaron antes.
Hasta ahora, la legislación hondureña se basa en la "no retroactividad" de la ley en materia penal, excepto cuando favorece al reo. Es decir, que la ley se aplica desde que entra en vigencia hacia adelante.
El legislador advirtió que la aprobación de reformas apresuradas o modificadas a última hora en reconsideraciones de acta abre la puerta a impugnaciones legales que podrían anular la ley en el futuro.
Si nosotros estamos aprobando leyes que van seguramente a vulnerar principios constitucionales, estas leyes en algún momento van a ser recurridas y en algún momento probablemente sean incluso rechazadas, derogadas.
Ante este cuestionamiento, el técnico de la UIF, César Castellanos, y la diputada Tania Pinto aclararon que la retrospectividad busca evitar la impunidad persiguiendo bienes de origen ilícito adquiridos en el pasado, aunque matizaron que la aplicación de la norma debe guiarse por la "razonabilidad", evitando pedirle a un ciudadano común comprobantes inalcanzables sobre herencias familiares de hace 40 o 50 años.
Blindaje al usuario financiero
Nicolás García expuso que las reformas prohíben las prácticas indiscriminadas de de-risking o cierre arbitrario de cuentas bancarias por meros requerimientos informativos de las autoridades, obligando a los bancos a realizar evaluaciones de riesgo pormenorizadas e individuales para no dejar a los usuarios fuera del sistema.
En sintonía con la protección patrimonial, el director ejecutivo de la Oficina de Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Cálix Orellana, intervino en el programa para destacar cómo la nueva normativa busca poner freno a demandas judiciales que asfixiaban a la institución.
Lo que se está tratando es proteger los intereses de las diferentes empresas. Es decir que de alguna manera o por cualquier razón están siendo administradas por OABI. Eso estaba provocando un desfase terrible, espantoso, demandas ya con sentencia firme que estaban afectando el patrimonio.
Jorge Cálix OrellanaAsí, el diálogo en Frente a Frente dejó en evidencia que el verdadero desafío de Honduras no radica únicamente en aprobar leyes para complacer las evaluaciones del GAFI, sino en lograr que la persecución del dinero ilícito sea efectiva sin atropellar la Constitución ni la estabilidad de las personas y empresas legítimas del país.
