El director ejecutivo de la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras (PLANAPONH), Allan Bernández, denunció este jueves el incumplimiento del gobierno en la restitución de tierras a la comunidad garífuna, la criminalidad disfrazada de recuperación de tierras, que deslegitima ese derecho, y el alto riesgo para miles de jóvenes que se encuentran al frente de una lucha que está siendo manipulada "por una mano oscura".
Bernárdez hizo estas declaraciones en el programa Frente a Frente de Canal 5, cuyo tema este día fue "¿Cómo garantizar justicia histórica para los pueblos garífunas sin poner en riesgo la estabilidad social, la propiedad privada y la inversión en la costa norte de Honduras?".
El defensor se refirió a la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (Ciancsi), creada en abril de 2024. Esta comisión tiene como objetivo asegurar que el gobierno cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH): las de 2015, a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, y la de 2023 en beneficio de la comunidad de San Juan.
No obstante, la Ciancsi fracasó por el incumplimiento del gobierno, dijo Bernández. Recordó que la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), cuya coordinadora Miriam Miranda integra la comisión, hizo un reclamo público "al decir que la Ciancsi había muerto".
Según Bernández, la Ofraneh y el gobierno están actuando de forma unilateral y subjetiva, imponiendo su propia lectura del fallo sin respetar los procedimientos ni incluir a todos los actores involucrados.
"La resolución es ecuánime, la PLANAPONH no está en contra de la sentencia, pero no compartimos las formas y las interpretaciones antojadiza que se le da por parte de la Ofraneh y el mismo gobierno", argumentó Bernández.
De acuerdo con el líder garífuna, la PLANAPONH), "el tejido social de Honduras se ha debilitado, (...), se ha debilitado sociedad hondureña y nos están poniendo a pelear como que fuera una maquinaria estratégica".
Benández equiparó esta situación a un "experimento" que podría llevar al país a la anarquía, similar a lo ocurrido en Haití que llevaría a debilitar a la nación.
El líder garífuna advirtió que existe una manipulación de la lucha por la tierra, asegurando que "Hay una mano oscura detrás de todo esto" que busca generar un derramamiento de sangre en la comunidad negra del país.
Benández criticó la inacción institucional, señalando que la ciudadanía se encuentra en un "total estado de indefensión", por una orden que viene desde Casa Presidencial.
Advirtió al gobierno de Libre que "ustedes van a ser responsables de lo que se va a venir si la institucionalidad no actúa de manera correcta y estigmatiza esa comunidad. Ahí van a haber personas inocentes que van a perder sus vidas".
Señaló el grave riesgo para la juventud garífuna, ya que están siendo utilizados como "carne de cañón".
Bernárdez enfatizó que "miles de jóvenes van a morir por este color de piel (negro)".
Explicó que si la autoridad actúa de manera "desproporcionada", no distinguirá a los inocentes: "lo único que van a ver es un negro o una negra que va subida en un vehículo y comienzan los ataques".
El riesgo se extiende a parques nacionales
Los efectos colaterales de la falta de resolución en los conflictos territoriales han afectado también la conservación ambiental, según inversionistas de la zona.
Por su parte, el empresario Antal Borskov, describió la situación con el adagio de que "en río revuelto, ganancia de pescadores".
Aseguró que hay personas que están aprovechando esta situación (la lucha por la tierra) "que no son garífunas y que nos están invadiendo los parques nacionales tanto Blancada Necagua como Punta Isopo".
Borskov advirtió que estas personas buscan "destruir nuestros parques nacionales y eso es peligroso".
La preocupación por el Parque Nacional Punta Isopo no es nueva, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado a garantizar el acceso, uso y goce sin obstáculos de la tierra a la comunidad, incluso en zonas que se sobreponen con este parque.
El procurador llama al diálogo y defiende esfuerzos gubernamentales
Por su parte, el Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, adoptó un tono conciliador, afirmando que "no voy a confrontar, las controversias legales ya fueron dilucidadas" en la CIDH, y las sentencias son "claras y precisas".
Galeas reconoció a Ofraneh (Organización Fraternal Negra de Honduras) como la contraparte legítima del Estado en los litigios de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Díaz Galeas hizo un llamado a la comunidad a "sentarse nuevamente" y a retomar el esfuerzo conjunto en el marco de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel (CIANCI).
Subrayó que el proceso debe ser "diligente y responsable" para evitar conflictos y "derramamiento de sangre".
Díaz Galeas defendió la voluntad de la administración actual al señalar que "Ningún gobierno [anterior] dio respuesta a la resolución, solo este gobierno dio cumplimiento".
Sostuvo que fue la presidenta Castro quien creó la CIANCI para avanzar de forma material en el cumplimiento de las sentencias, las cuales datan de 2015.
Esta afirmación del procurador fue categóricamente rechazada por Bernárdez, quien respondió con un rotundo "Falso". Bernárdez argumentó que la comisión interinstitucional fue creada originalmente en 2016 (Decreto Ejecutivo número 01-2016), por lo que la solución comenzó en 2016 y el gobierno actual solo reformó el decreto (PCM 032-2024).
Bernárdez reclamó que el gobierno de Castro ha sumido al país en un "estado de indefensión" y ha "echado al traste la institucionalidad de este país" al prohibir a la policía y la fiscalía intervenir en las comunidades conflictivas.
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