Un operativo policial ejecutado este miércoles culminó con el desalojo de pobladores de la colonia El Palmar de Cofradía, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras, en medio de denuncias por uso de la fuerza y reclamos sobre la legalidad de la propiedad.

Según reportó Noticieros Hoy Mismo de TSi, algunas de las familias afectadas aseguran tener más de 20 años de residir en el predio, el cual es reclamado por terceras personas. Mientras defensores de los pobladores sostienen que el área corresponde a una zona de reserva natural perteneciente al Estado.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional con tanquetas, maquinaria pesada y gas lacrimógeno, con el objetivo de ejecutar la orden judicial y proceder a la demolición de viviendas.

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El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó que existe una orden de desalojo emitida por el Poder Judicial. "La causa es conocida por los tribunales y debe ejecutarse hoy. El procedimiento se realiza con la presencia de un juez ejecutor y representantes de derechos humanos", aseguró.

Requerimiento de pobladores

Durante el operativo, varias personas fueron requeridas por las autoridades, presuntamente por enfrentarse y agredir a los uniformados.

Uno de los pobladores, que pidió no ser enfocado por las cámaras, denunció que un bebé se habría desmayado a causa del gas lacrimógeno lanzado por los agentes.

Entre escenas de llanto y tensión, uno de las afectados gritaba: "A mi hija la agarraron a toletazos y casi la matan. Son unos miserables, ¿cómo nos pueden hacer eso? Somos pueblo, nosotros no tenemos dónde vivir".

De acuerdo con las autoridades, el desalojo en El Palmar debió realizarse desde 2017; sin embargo, se otorgó tiempo a los ocupantes para que abandonaran voluntariamente la zona.

Pobladores solicitaron permiso de permanencia

La defensora de los pobladores, Elda Hernández, llegó al lugar con documentación para dejar constancia de que sus representados solicitaron ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) un usufructo, un permiso legal para permanecer en la propiedad sin que se les acredite como dueños.

"Es una zona del Estado, no es de la persona que reclama", afirmó, al tiempo que señaló que el trámite está en proceso y pidió que se delimiten las áreas donde se encuentran las viviendas de las familias y la del supuesto propietario.

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