Un juez natural dictó este viernes, en resolución de audiencia inicial, un auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión para la diputada Gladis Aurora López, acusada de malversación de caudales públicos por uso diferente y violación de los deberes de los funcionarios, informó una fuente judicial.
La misma medida se aplicó a Ricardo Enrique Padilla Ordóñez, exjefe de planificación e ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), quien enfrenta cargos por violación de los deberes de los funcionarios.
Ambos se defenderán en libertad de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP).

Deberán presentarse periódicamente al Poder Judicial para consignar su firma, con el fin de verificar su presencia en el país. Además, tienen prohibido salir del territorio sin autorización judicial, detalló el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El portavoz judicial indicó que la defensa de López y de Padilla tiene tres días para apelar la resolución del juez natural.
Tras conocer la resolución, la diputada López dijo a periodistas: "Nunca tuve el dominio de esos materiales", y aseguró que apelará la resolución judicial.
Origen de la acusación
Según las diligencias realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 25 de junio de 2021, la diputada Gladis Aurora López firmó un acta solicitando materiales para un proyecto de electrificación en la comunidad de La Ceibita, municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz, según informó el MP.
La legisladora por el Partido Nacional aseguró que tenía lista la mano de obra para ejecutar el proyecto; sin embargo, la comunidad ya contaba con electricidad desde 2019 gracias a un proyecto municipal.

Las investigaciones señalan que López retiró materiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cuales fueron hallados en un proyecto privado en San Pedro Sula. Esta acción causó un perjuicio de más de 290,000 lempiras al Estado.
Por su parte, el exjefe de Fosode es señalado de omitir su responsabilidad de supervisar la ejecución del proyecto conforme al acta suscrita por la congresista.
Otro de los encausados es el excoordinador de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Opatoro, quien emitió una constancia afirmando que el proyecto no causaba daños al medio ambiente, a pesar de saber que la comunidad ya estaba electrificada gracias a un proyecto anterior financiado con fondos municipales.
La Fiscalía indicó que espera la convocatoria a audiencia de declaración de imputado para esta persona, aunque no la identificó.
