La reciente advertencia del Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad sobre la intención de identificar a quienes participen en protestas públicas y enviar sus expedientes al Ministerio Público genera un rechazo por parte de organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Aunque las autoridades justifican la medida bajo el argumento de garantizar la libre circulación, diferentes sectores la consideran un acto de represión que amenaza libertades fundamentales y evidencia un giro autoritario en el manejo de la protesta social.
“No es correcto ni acertado”, expresa Ramiro Lara, técnico de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog).
“El pueblo se expresa históricamente en las calles. No se puede ahora, desde el poder, criminalizar esa expresión”, agrega.
¿Orden público o criminalización de la protesta?
El comunicado oficial de la Policía Nacional, al referirse a la identificación de participantes en plantones y marchas, se interpreta por analistas y actores sociales como un mecanismo de disuasión más que de prevención.
Detrás de la advertencia, aseguran, hay un intento de desalentar la movilización en un país donde la calle es una herramienta de lucha.
“Los plantones o movilizaciones no son de días, son de horas, pero se les pretende achacar todos los males del país, como si la salud, la educación y la seguridad estuvieran garantizadas sin protestas”, dice Lara.
La medida se da en un contexto donde se percibe que el gobierno, una vez impulsado por las mismas manifestaciones que ahora regula, se aleja de los principios democráticos que alguna vez enarboló.
Entre lo legal y lo justo
Uno de los cuestionamientos más fuertes a la advertencia gira en torno a la contradicción entre legalidad y justicia.
“Hay luchas que no son legales, pero sí son justas, como las protestas por agua, por salud, por la defensa del territorio”, subraya Lara.
“En cambio, el Estado legalizó proyectos que son injustos, como el cementerio en Azacualpa, La Unión, Copán o las concesiones en zonas productoras de agua”.
El argumento apunta a que no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. Para muchos, la criminalización de la protesta responde a una estrategia sistemática de limitar el poder del pueblo organizado y privilegiar
Una contradicción que pesa
"Ni siquiera durante la narcodictadura se amenazó de forma tan abierta a la población con elaborar perfiles a través de registros fotográficos y audiovisuales. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto miedo a que la gente se movilice para reclamar sus derechos? , señala la líder garífuna Miriam Miranda.
La indignación crece porque la advertencia proviene de un Gobierno que históricamente se reivindicó como resultado de la resistencia popular.
Las imágenes de miles de personas marchando en 2009 tras el golpe de Estado, exigiendo el retorno del expresidente Zelaya, siguen frescas en la memoria colectiva.
“Las calles son del pueblo. En las calles donde se clamó por justicia. ¿Cómo puede un gobierno nacido de esa lucha querer hoy silenciarla?”, cuestiona Lara.
La medida no solo parece incongruente con la historia reciente del país, sino que también abre un debate profundo sobre el uso del poder y el respeto a los derechos fundamentales.
Un mensaje que no silencia, sino que moviliza
Lejos de disuadir, la advertencia de la Secretaría de Seguridad reactiva el debate nacional sobre el derecho a la protesta, la justicia social y los límites del poder estatal.
Organizaciones se preparan para acompañar legalmente a quienes resulten afectados por esta disposición del Gobierno.
Muchos líderes comunitarios reiteran que la lucha justa no se negocia ni se intimida. En un país donde las instituciones aún luchan por ganar credibilidad, las calles siguen siendo el último recurso de quienes no encuentran respuestas en los despachos.
Y cuando la ley se convierte en obstáculo para la justicia, la movilización se vuelve no solo necesaria, sino legítima, dicen los líderes de organizaciones.
