El Gobierno del presidente Nasry Asfura estaría dando un paso clave para solucionar el sofocante tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.
Durante el Consejo de Ministros se oficializó el decreto PCM 015-2026, una medida ejecutiva diseñada para agilizar la liberación del derecho de vía en la carretera CA-5 Sur.
La obra contempla la construcción de una ruta alterna de ocho kilómetros de longitud. Esta infraestructura conectará estratégicamente el Anillo Periférico, desde la zona de La Cañada, hasta el kilómetro 7.5 en el sector de El Tizatillo.
Con este tramo, las autoridades prevén descongestionar un flujo superior a los 35,000 vehículos que transitan diariamente por el sector.
Asimismo, la vía reducirá los prolongados tiempos de viaje para quienes se desplazan hacia municipios como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura y Sabanagrande.
Solución ante el retraso de las obras
La intervención legal responde a un estancamiento prolongado en la ejecución del proyecto vial.
La subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Liana Martínez, precisó que la obra acumula un atraso de siete meses debido a la imposibilidad de disponer libremente de la franja de terreno requerida.
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Aunque la orden de inicio se emitió el 29 de septiembre de 2025 con un plazo de ejecución de 24 meses, los trabajos de pavimentación no lograron avanzar según lo previsto.
Ante este escenario, la administración central optó por recurrir a la expropiación por utilidad pública para evitar que el proyecto continúe paralizado.
El propósito es tomar posesión inmediata de las fracciones de terreno indispensables para completar la arteria.
Pago de justiprecio y amparo legal
El mecanismo de expropiación por utilidad pública garantiza que los dueños de los predios reciban una compensación económica justa.
El Gobierno confirmó que se pagará un justiprecio a cada afectado, calculando el valor real del terreno o de la porción que será destinada a la carretera.
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, respaldó la legalidad del proceso en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, sumado al artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Por su parte, el ministro de Estrategia y Comunicaciones, Héctor Ordóñez, reiteró que la medida se aplicará a un número reducido de habitantes y que los recursos estarán garantizados.
Procedimiento judicial para propietarios
En caso de que un propietario no acepte la cifra fijada por el Estado, el trámite no suspenderá los trabajos sobre la calzada.
La SIT procederá a consignar el dinero ante el juzgado civil competente o depositarlo en un ente bancario.
Estos fondos quedarán bajo resguardo judicial exclusivamente a nombre del titular afectado mientras se resuelve el litigio. De esta manera, el dueño conserva intacto su derecho a reclamar una indemnización superior por la vía legal.
Con este esquema financiero y legal, el Gobierno busca evitar el bloqueo de la maquinaria en campo. El ministro Héctor Ordóñez concluyó que la aplicación del justiprecio asegurará el desarrollo definitivo de este alivio vial para la capital.
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