"Es precisamente que nosotros vamos a tener que actuar para lograr que el Ministerio Público (MP) pueda funcionar. Pero efectivamente hay una intervención de por medio también", dijo Pastor de María.

La amenaza gubernamental no incluye ningún tipo de injerencia en las funciones del fiscal general y adjunto. Sin embargo, se pide al titular del MP, Óscar Chinchilla, que encabece el diálogo con las instituciones pertinentes para resolver el conflicto.

Según el analista político, Raúl Pineda, el aseguramiento de las instalaciones de Medicina Forense es válido si el fiscal general no logra recuperar el orden.

"Pero si el asunto se fue de las manos del fiscal o si este lo pide, si pueden efectuar el desalojo y la recuperación de las instalaciones porque al fin y al cabo son del Estado", manifestó Pineda.

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Agregó que esta problemática ya trascendió el alcance de Chinchilla y por lo tanto se debería de nombrar una comisión tripartita del Ejecutivo, Legislativo y el propio fiscal general.

No temen represalias

Mientras Casa de Gobierno califica de "indolente e insensible" la actitud de los fiscales por negarse a prestar los servicios a la ciudadanía, los funcionarios en huelga se defienden.

"No estamos generando impunidad, hay áreas sensibles que han estado atendiendo de manera correcta, pero nuestra lucha es firme y merecida", indicó Melisa Vásquez, fiscal del MP.

Además, aseguran que su demanda es válida y continuarán con las protestas y que no temen ante el llamado de atención de la presidenta Xiomara Castro.

"No hay ningún temor porque no hemos cometido ningún delito. Estamos amparados en derecho", aseguró Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales.

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