El Gobierno de Honduras publicó este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta un nuevo decreto que busca garantizar las prestaciones laborales de los empleados públicos, especialmente de aquellos que pudieran perder su cargo en caso de un cambio de administración tras las elecciones generales.

El decreto autoriza el reconocimiento de antigüedad laboral al personal activo que haya laborado bajo la modalidad de contrato y posteriormente haya pasado a la modalidad de nombramiento en la misma institución estatal, sin interrupción entre ambos periodos.

Esta medida aplica sin importar si la persona ocupa el mismo puesto o un cargo diferente, siempre y cuando haya mantenido continuidad laboral.

Según la disposición oficial, la antigüedad reconocida servirá únicamente para efectos legales relacionados con el pago de cesantías y vacaciones, y aplicará exclusivamente al personal de instituciones que administraban su recurso humano fuera del régimen de servicio civil, pero que posteriormente realizaron su transición hacia dicho régimen.

El decreto aclara que el beneficio no aplicará para los empleados que ya hayan recibido liquidación durante el periodo en el que trabajaron por contrato antes de ser nombrados de forma permanente. En esos casos, la antigüedad previa no será contabilizada nuevamente.

¿Medida populista o solidaridad burocrática?

Con esta medida, el Ejecutivo pretende dar seguridad jurídica a miles de trabajadores del sector público que han prestado sus servicios de manera continua bajo distintas modalidades, pero que no contaban con un reconocimiento formal de su tiempo total de servicio.

Diversos analistas interpretan este decreto como una acción preventiva del Gobierno ante un eventual cambio de administración, que busca proteger los derechos laborales del personal contratado durante el actual periodo gubernamental.

No obstante, otros sectores han señalado que la disposición podría representar una carga económica adicional para el Estado, especialmente si implica el reconocimiento retroactivo de prestaciones acumuladas.

El decreto entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta, y las instituciones del Estado deberán aplicar sus lineamientos en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, para garantizar que el proceso de reconocimiento se realice conforme a la ley.